El ex gerente de la empresa municipal de limpieza de Lorca (LIMUSA) Francisco Gil Eguino ha emprendido una serie de negociaciones tendentes a la entrega de una finca de su propiedad como pago de los 240.000 euros que le reclaman el fiscal y el Ayuntamiento de aquella ciudad por la presunta malversación de caudales públicos de la que está acusado.
Esas gestiones, según han indicado a Efe fuentes de la investigación, incluyen como primer paso el levantamiento del embargo que pesa sobre la finca y la posterior aceptación por el consistorio lorquino como medio de pago de la citada suma.
El fiscal del caso le ha ofrecido a Gil Eguino un pacto de conformidad que supone el cumplimiento de penas de cárcel que suman más de cuatro años por dos delitos de falsedad en documento mercantil, uno de ellos, en grado de tentativa, en concurso con otro de malversación de caudales público, junto con un delito contra la integridad moral.
El ofrecimiento hecho a Gil Eguino incluye también la retirada de la acusación contra su esposa, Ofelia González, a la que se le imputa la utilización de fondos de Limusa para costear los estudios universitarios de su hija.
La propuesta de conformidad de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el ex gerente de esta empresa municipal de limpieza "estuvo abusando conscientemente de las facultades de su cargo, apropiándose de dinero público y del trabajo de los empleados de la misma para actividades particulares y privadas ajenas a su cargo público".
Según el Ministerio Público, Gil Eguino "cargó a las cuentas de Limusa gastos injustificados, unas veces, por la naturaleza de los mismos y otras por tratarse de servicios inexistentes, que eran dispersados intencionadamente en distintas partidas contables".
El escrito de acusación añade que "la desviación de fondos públicos para fines particulares con ánimo de ilícito beneficio se ha perpetrado de varias formas: gastos en comidas y viajes innecesarios y de carácter lúdico, apropiaciones de dinero mediante facturas mendades para generar gastos inexistentes y por el pago en concepto de ayuda escolar de forma indebida".
El fiscal considera que Gil Eguino convenció a varios proveedores de la empresa para que emitieran facturas mendaces "a sabiendas de la inexistencia de servicio profesional alguno".
La acusación estatal indica que el total de la cantidad a la que ha ascendido la defraudación asciende a los 240.000 euros que le son reclamados para su devolución a las arcas públicas.
Gil Eguino tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados el 6 de julio, junto con su mujer, después de que en el acto celebrado ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior no aceptara la conformidad ofrecida por la Fiscalía.
Sí aceptaron la conformidad otros tres imputados, que deberán cumplir penas menores, mientras que el fiscal retiró la acusación contra otros tres, entre ellos, el ex alcalde socialista de Lorca Miguel Navarro.
Navarro estaba acusado inicialmente de un delito de malversación, por pasar presuntamente facturas de comidas personales a las cuentas de Limusa, pero que fue después retirado por prescripción.
Asimismo, el ex alcalde se ha beneficiado de otra decisión de la Fiscalía, la retirada del delito de prevaricación para todos los imputados sobre las que pesaba esta figura delictiva, aunque Limusa tendrá las manos libres para "poder presentar reclamación ante el Tribunal de Cuentas". EFE
1010611
El ex gerente de la empresa municipal de limpieza de Lorca (LIMUSA) Francisco Gil Eguino ha emprendido una serie de negociaciones tendentes a la entrega de una finca de su propiedad como pago de los 240.000 euros que le reclaman el fiscal y el Ayuntamiento de aquella ciudad por la presunta malversación de caudales públicos de la que está acusado.
Esas gestiones, según han indicado a Efe fuentes de la investigación, incluyen como primer paso el levantamiento del embargo que pesa sobre la finca y la posterior aceptación por el consistorio lorquino como medio de pago de la citada suma.
El fiscal del caso le ha ofrecido a Gil Eguino un pacto de conformidad que supone el cumplimiento de penas de cárcel que suman más de cuatro años por dos delitos de falsedad en documento mercantil, uno de ellos, en grado de tentativa, en concurso con otro de malversación de caudales público, junto con un delito contra la integridad moral.
El ofrecimiento hecho a Gil Eguino incluye también la retirada de la acusación contra su esposa, Ofelia González, a la que se le imputa la utilización de fondos de Limusa para costear los estudios universitarios de su hija.
La propuesta de conformidad de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el ex gerente de esta empresa municipal de limpieza "estuvo abusando conscientemente de las facultades de su cargo, apropiándose de dinero público y del trabajo de los empleados de la misma para actividades particulares y privadas ajenas a su cargo público".
Según el Ministerio Público, Gil Eguino "cargó a las cuentas de Limusa gastos injustificados, unas veces, por la naturaleza de los mismos y otras por tratarse de servicios inexistentes, que eran dispersados intencionadamente en distintas partidas contables".
El escrito de acusación añade que "la desviación de fondos públicos para fines particulares con ánimo de ilícito beneficio se ha perpetrado de varias formas: gastos en comidas y viajes innecesarios y de carácter lúdico, apropiaciones de dinero mediante facturas mendades para generar gastos inexistentes y por el pago en concepto de ayuda escolar de forma indebida".
El fiscal considera que Gil Eguino convenció a varios proveedores de la empresa para que emitieran facturas mendaces "a sabiendas de la inexistencia de servicio profesional alguno".
La acusación estatal indica que el total de la cantidad a la que ha ascendido la defraudación asciende a los 240.000 euros que le son reclamados para su devolución a las arcas públicas.
Gil Eguino tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados el 6 de julio, junto con su mujer, después de que en el acto celebrado ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior no aceptara la conformidad ofrecida por la Fiscalía.
Sí aceptaron la conformidad otros tres imputados, que deberán cumplir penas menores, mientras que el fiscal retiró la acusación contra otros tres, entre ellos, el ex alcalde socialista de Lorca Miguel Navarro.
Navarro estaba acusado inicialmente de un delito de malversación, por pasar presuntamente facturas de comidas personales a las cuentas de Limusa, pero que fue después retirado por prescripción.
Asimismo, el ex alcalde se ha beneficiado de otra decisión de la Fiscalía, la retirada del delito de prevaricación para todos los imputados sobre las que pesaba esta figura delictiva, aunque Limusa tendrá las manos libres para "poder presentar reclamación ante el Tribunal de Cuentas". EFE
