El fiscal retira la acusación contra el exalcalde de Lorca y pacta la condena con Bartolomé Soler

A la salida del Palacio de Justicia, en el que se ha celebrado hoy una sesión dedicada al estudio de las cuestiones preliminares previas al desarrollo del juicio oral del caso Limusa, Navarro ha explicado a los periodistas que la retirada de las acusaciones contra él "corroboran todo lo que llevamos diciendo desde el principio: que yo no he cometido nunca ningún delito".

En su escrito de acusación el fiscal pidió el pasado enero nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación y no le acusó del delito de malversación, por el que estuvo imputado al principio del proceso, al considerar que los hechos en los que se basaría esta figura delictiva, producidos en 2003, habían prescrito.

Navarro fue detenido el 26 de junio de 2009, tres años después de su dimisión de la alcaldía, en el marco de las investigaciones del caso Limusa y 14 horas después fue puesto en libertad provisional con cargos y sin fianza, momento desde el que no ha realizado, hasta hoy, ningún tipo de declaración pública.

En su breve comparecencia ante los medios hoy ha dicho que desea "muchas fuerzas, mucha unidad y muchas ganas" a los militantes del PSOE, su antiguo partido, aunque "a algún dirigente" de esa formación le ha pedido "que en su período de reflexión abierto introduzca este tema y juzgue qué es lo que ha pasado en mi situación".

El PSRM-PSOE inició cuatro horas después de su detención y antes de su puesta en libertad, el expediente de expulsión del ex alcalde del PSOE, aunque finalmente fue el propio Navarro el que se dio de baja voluntaria el 4 de junio de 2009, ocho días después de su arresto.

Navarro dimitió de su cargo de alcalde el 25 de julio de 2006 tras 14 años al frente del gobierno de la ciudad, lo que le convirtió en el primer edil lorquino con mayor permanencia en el cargo durante el período democrático y en el que más veces ha gobernado en el municipio con mayoría absoluta.

Apartado de la vida política desde 2007, Navarro llegó a la alcaldía de Lorca en 1993, heredando el puesto de su antecesor en el cargo, el ex senador José Antonio Gallego, que luego se convirtió en uno de sus principales azotes políticos y que en los meses previos a su dimisión le recriminó su paulatino alejamiento de la disciplina del PSOE.

Se afilió al PSOE y a UGT en 1976 y antes de tomar el bastón de mando del Ayuntamiento de Lorca fue presidente de la Asamblea Regional de Murcia entre 1987 y 1993.

Tras su llegada al Ayuntamiento trabajó para la reconversión del modelo socioeconómico del municipio con el objetivo de diversificar la economía local y dar más protagonismo al sector terciario ante el exceso de peso del primario.

Su política de convenios urbanísticos para propiciar desarrollos turísticos y residenciales y su apoyo a la política de trasvases como solución al déficit hídrico de Lorca le fue apartando de la disciplina de su partido en los últimos años y en 2003 dimitió, tras 20 años de pertenencia al mismo, de su puesto en el comité federal del PSOE.

Su último cargo público fue el de diputado regional, que mantuvo hasta los comicios autonómicos de mayo de 2007.

El fiscal del "caso Limusa", sobre una presunta trama de corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca, ha retirado hoy la acusación contra tres de los imputados, el ex alcalde Miguel Navarro y los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles, mientras que ha llegado a un acuerdo de conformidad con otros tres.

El acuerdo de conformidad se ha alcanzado con el ex diputado regional y ex consejero de Limusa Bartolomé Soler; el ex concejal Jesús Molina, y el interventor municipal Francisco Javier Poyato, que han aceptado las nuevas penas solicitadas por la acusación estatal durante la sesión celebrada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región.

Soler se ha conformado con cumplir las penas de un año, un mes y 15 días de prisión y seis meses de multa, con una cuota diaria de 11 euros, por un delito de falsedad en documento mercantil que absorbe a otro de malversación y otra pena de cuatro meses y 15 días de prisión y multa de cinco meses con la misma cuota diaria por otro delito de falsedad, pero en grado de tentativa.

Además, deberá devolver los 30.000 euros malversados, cantidad que había consignado con anterioridad ante el tribunal.

Poyato cumplirá un año, seis meses y un día de prisión y deberá pagar seis meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, por el delito de falsedad en documental mercantil y un año y seis meses de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, además de devolver los 15.000 euros malversados, que ya tiene depositados.

El fiscal no ha alcanzado una conformidad con el ex gerente de la empresa, Francisco Gil Eguino, y ha retirado la acusación contra su esposa, Ofelia González, al considerarla "una mera subordinada de su esposo, quien siempre dispuso del dominio del hecho ilícito".

En el escrito presentado hoy por el Ministerio Público se piden para Gil Eguino seis meses y un día de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de cuarenta euros por un delito de falsedad, otros cuatro meses y 15 días de prisión y cinco meses de multa por la falsedad en grado de tentativa y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral.

Además, Gil Eguino deberá devolver a las arcas municipales los 240.000 euros presuntamente malversados.

A la vista de las modificaciones introducidas por el Ministerio Público en su escrito de acusación, el abogado de Gil Eguino ha pedido "un tiempo" para poder estudiarlas y reordenar su estrategia de defensa, por lo que la Sala ha acordado suspender la vista hasta el 6 de julio.

Ese día, la vista oral continuará contra este acusado, si para entonces no se ha alcanzado un acuerdo de conformidad.

También deberá volver a la sala de vistas Bartolomé Soler, ya que junto a Gil Eguino, está acusado de un delito de acoso laboral por la acusación particular que ejerce el ex empleado de la citada empresa municipal Jacinto Parra.