La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC), que reúne a hombres divorciados de España, anunció ayer que ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la ley estatal contra la Violencia de Género y las normas autonómicas sobre ella de Murcia, Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Canarias, Madrid y Castilla y León.
Esa norma «contraviene derechos fundamentales recogidos en la Constitución por tratar de forma diferenciada la violencia en una pareja según sea el autor hombre o mujer», explicó el portavoz de la UEFACC, Fernando Basanta.
Eso afecta, por ejemplo, a la resolución de divorcios porque con «una simple denuncia» por violencia de género se abandona la vía civil por la penal, con las consecuencias que eso tiene para la determinación de la custodia compartida que acaba perjudicando a los padres, señaló Basanta.
«Los poderes públicos están negando una realidad palpable que es la de las denuncias falsas», criticó el portavoz, quien precisó que la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo se formalizó el pasado viernes sobre la base de un caso que había sido rechazado por el Tribunal Constitucional.
Añadió que acudirán a la justicia europea en futuros procedimientos por este mismo asunto cuando se agoten las vías de recurso interno en España.
En un comunicado, la asociación precisó que su «demanda colectiva contra España» va dirigida también contra la modificación del Código Penal de 2003.
«Estas leyes rompen con el principio de igualdad y han desenterrado el derecho penal de autor, estableciendo una diferencia penal en los delitos y las penas, según sean imputados a hombres o a mujeres», argumentó.
También se quejó de que se creen «jurisdicciones especiales que persiguen a determinados colectivos, tal y como se hacía en la época más vergonzosa de la antigua Europa y se establezcan procedimientos sumarísimos, cercenando el derecho a la defensa y eliminando la garantía penal implícita en el procedimiento judicial, que exige la total separación entre la fase instructora y la resolutiva».
Una juez de Murcia, en contra
La titular del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza, planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género al Tribunal Constitucional (TC), al considerar que violaba los principios de igualdad y proporcionalidad. El pasado mes de noviembre, el TC desestimó su planteamiento, pero lo hizo por mayoría de seis miembros frente a cinco.
