Los sindicatos UGT y CC OO han recurrido al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para conseguir la derogación de la Ley de Medidas Extraordinarias que establece los recortes económicos y laborales a la plantilla de la Comunidad Autónoma. Los secretarios generales de ambas organizaciones en Murcia, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, anunciaron ayer la presentación de un escrito en el que se pide al Gobierno central que interponga un conflicto de competencias con la Comunidad para impedir la aplicación de la norma legal que ha puesto en pide de guerra a los funcionarios. Jiménez y Bueno aseguraron que la ley aprobada por la Asamblea Regional invade competencia del Estado y pone en «estado de excepción a sus 55.000 empleados públicos».

Una vez presentado el documento en la dirección general de Trabajo, el Ejecutivo central tiene un plazo de dos meses para comunicar a la Asamblea Regional que ha incumplido la legislación, si está de acuerdo con los sindicatos. Si el Parlamento regional no suspendiera la ley impugnada, el Estado podría presentar el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Los sindicatos recurrirán también al Defensor del Pueblo y a todas las instancias a su alcance.

Añadieron que también en Madrid han acudido a la figura del conflicto de competencias para suspender las medidas establecidas por Esperanza Aguirre.

Daniel Bueno recordó que la recuperación de la jornada de 37,5 y de 40 horas semanales puede suponer la pérdida de unos 1.500 empleos, a los que se sumarán los puestos de trabajo que pone en peligro la reducción del 80% en el presupuesto de la televisión autonómica, de la que dijo que «no puede ser un juguete de usar y tirar». «Ya está bien de intentar enfrentar a los funcionarios y a los trabajadores, porque unos y otros llevan a sus hijos a los mismos colegios públicos y utilizan los mismos servicios», afirmó.

Jiménez dijo que la derogación de la jornada de 35 horas semanales ha creado una situación sin precedentes, dado que «desde 1900 no se ha producido una involución en la jornada laboral», sino una reducción constante. «Al ampliarse en dos horas y media por empleado público, resultan 137.500 horas semanales que se quieren reducir», dijo el secretario general de UGT.

Los sindicatos consideran que la Ley de Sostenibilidad de las Finanzas invade competencias del Estado, porque la Asamblea Regional no puede regular las condiciones laborales de los funcionarios, al tiempo que vulnera la legislación laboral -al derogar acuerdos en vigor desde 1998- y les niega el derecho a la negociación colectiva. Entienden que la Comunidad no puede aducir problemas financieros «sobrevenidos», sino que debió prever la situación que afrontaba, en lugar de seguir firmando pactos.