Las medidas de recorte planteadas por el Gobierno regional han crispado a los facultativos, quienes incluso se están planteando la convocatoria de una huelga de celo con la que colapsarían la Sanidad murciana. Este colectivo, que se considera el más afectado por la Ley de Medidas Extraordinarias aprobada la pasada semana en la Asamblea Regional, se está manteniendo al margen de las protestas convocadas por los sindicatos mayoritarios, pero que estén en silencio no significa que toleren los cambios.

Eso es lo que se desprende de la primera asamblea celebrada en la noche del martes en la sede del Sindicato Médico CESM –instalaciones que se vieron desbordadas por la asistencia masiva de sanitarios–. «Los ánimos están muy caldeados y los asistentes a esta reunión presentaron propuestas de todo tipo, pero todas ellas muy agresivas, ya que quieren protestar de forma contundente contra las medidas del Gobierno murciano», explicó ayer el presidente de este órgano, Francisco Miralles. En este sentido, recordó, como ha hecho en los últimos días, que no quieren tomar una decisión en caliente, ya que buscan el consenso de todo el colectivo antes de actuar.

No obstante, las ideas más respaldadas fueron dos: una huelga general en la Sanidad murciana o una huelga de celo, trabajando a reglamento y cumpliendo estrictamente la normativa laboral. De esta forma, se seguirían «a rajatabla» los procedimientos que hay firmados con la propia consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma, como es el dedicar diez minutos a cada paciente en los centros de salud y consultorios, lo que retrasaría todo el trabajo.

Además, los especialistas, tanto de centros externos como de los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) harían uso de su deber de solicitar todas las pruebas complementarias que precisaran, así como de la utilización de aquellos aparatos de alta tecnología cuyo uso está más limitado. Con esta opción se saturarían las listas de espera para pruebas específicas, dilatando en el tiempo las segundas consultas, a la vez que se dispararían los costes que tiene el SMS por estos procedimientos. Esta última repercusión sería la más temida por las arcas de la Sanidad pública, que soportan un agujero de más de 800 millones de euros de déficit, de los que más de 600 corresponden a la deuda con las empresas proveedoras.

Francisco Miralles reiteró que «los médicos nos han solicitado que tomemos medidas duras, aunque siempre como colectivo, sin entrar en los altercados que se han registrado en algunas de las protestas que ya se han vivido». Por ello, dijo que después de este primer encuentro «seguiremos con reuniones» en centros hospitalarios, de salud y consultorios y «si vemos que el sentimiento que existe en los grandes hospitales es similar al que se ha tenido en esta primera asamblea de médicos comenzaremos con nuestras protestas, que preveemos para el próximo mes de enero».

Pese a que el presidente del Sindicato Médico hizo hincapié en que no quieren que la calidad de la asistencia sanitaria se vea afectada por la decisión que adopten, lo cierto es que sí que repercutirá, ya que aunque los pacientes dispongan de más tiempo en la consulta con el médico –10 minutos– tardarán más para entrar, ya que aumentará la demora.

Decepcionados por la consejera

En cuanto a las explicaciones que ha dado la titular de Sanidad, María Ángeles Palacios, de las medidas que afectarán al personal que depende de su departamento, Miralles dijo sentirse «decepcionado» por la actuación de la consejera. «El Sindicato Médico está decepcionado por la actuación de la responsable de Sanidad porque no ha sabido defender a su personal», dijo, a la vez que aseguró que «teníamos confianza en ella, pero nos ha defraudado».