Una ley no escrita asegura que todos los años hay oposiciones en Educación: un año para los maestros y otro para los profesores de Secundaria. Pero esta dinámica está a punto de romperse porque los Presupuestos Generales del Estado incluyen un artículo que prácticamente impide a las comunidades autónomas convocar nuevas plazas. Las consejerías de todas las regiones y los sindicatos negocian in extremis con el Gobierno para intentar que haya una excepción a las restricciones para Sanidad y Educación, pero queda poco tiempo (los presupuestos deben aprobarse en las próximas semanas y antes de las fiestas de Navidad) y no hay muchas razones para el optimismo. La noticia ya ha empezado a correr por academias de preparación y el pesimismo ha calado entre los miles de maestros que llevan más de un año preparando las oposiciones.

El problema está en que el artículo 23 de la Ley de Presupuestos señala que las administraciones públicas tan sólo podrán contratar en 2011 al 10% de las bajas que se produzcan en las plantillas. Teniendo en cuenta que la Comunidad prevé que este año se jubilen unos 190 maestros, tan sólo se convocarían 19 plazas y ni la consejería de Educación ni los sindicatos están dispuestos a hacer una oferta que consideran ridícula; entre otras cosas porque poner en marcha un proceso de oposición cuesta unos dos millones de euros.

Pero la cosa va más allá porque a partir de enero la sustitución de bajas también se verá afectada y la Consejería estará obligada por este artículo a no sustituir todas las vacantes que se generen. Además, aunque la planificación de las plantillas para el próximo curso todavía no se ha hecho, estas limitaciones harán que probablemente haya menor contratación de interinos. Desde la Consejería se asegura que la plantilla de maestros y profesores es los suficientemente amplia como para poder ser reestructurada sin que la atención a los alumnos se vea afectada, pero los sindicatos ya temen que logros como las clases desdobladas y los apoyos vayan desapareciendo de los centros por los reajustes de personal.

Los consejeros de Educación de todo el país, incluido el murciano Constantino Sotoca, han solicitado al ministerio que dirige Ángel Gabilondo que presione en el consejo de Ministros para que el artículo 23 incluya una excepción para Educación puesto que se trata de un sector especialmente sensible. Los sindicatos también están jugando sus bazas. Sin embargo, las noticias que van llegando desde Madrid no son muy esperanzadoras. Entre las enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado hay una en la que se pide que el límite se fije en el 30% de las vacantes. Eso supondría que se convocarían unas 57 plazas en Murcia, otra opción ridícula si se tiene en cuenta que hace dos años Educación convocó 1.510 plazas para maestros y que a la convocatoria se inscribieron más de ocho mil personas.

Anpe, Sterm y Comisiones, los tres sindicatos mayoritarios en la junta de personal docente de la Región, coinciden al señalar que no convocar oposiciones supondría la ruptura de todos los compromisos firmados con la Comunidad Autónoma y elevar la tasa de interinidad, que se quedaría estancada en cifras superiores all 15%, cuando el objetivo siempre ha sido el del 7%. Pero la crisis y los reajustes al sector público, que empezaron en el mes de mayo con bajadas salariales, han dejado todos los compromisos en papel mojado y no son pocos los que creen que esto es solo el principio, dado que el Gobierno central ha basado parte de sus políticas para reducir el déficit en el sector público.

Los representantes de los tres sindicatos creen que hay que seguir intentando que el Gobierno cambie de opinión hasta el último momento, pero la realidad es que, con la que está cayendo en los mercados financieros y el alto nivel de déficit de España, no parece que vaya a haber una rectificación. El temor de los sindicatos es que estos recortes continúen a lo largo de los próximos dos o tres años.

La renovación de las plantillas es, junto con la petición de conservar la jubilación a los 60 años, uno de los puntos centrales de la campaña electoral de los sindicatos. Los docentes están llamados a las urnas el 2 de diciembre.