«Me siento tranquila porque no he hecho nada, pero al mismo tiempo me siento indignada por haberme ocurrido esto tras treinta años de carrera intachable, sirviendo a los intereses públicos». Así se expresaba ayer la jefa de los servicios jurídicos del ayuntamiento de Murcia, Ana María Vidal, quien hoy tendrá que declarar como imputada en el juzgado de instrucción número 8 de Murcia, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio en el denominado caso Umbra. La abogada asistió tanto a Alberto Guerra -ex director de la Gerencia de Urbanismo y principal implicado en el caso- como al concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, durante los registros que la UCO de la Guardia Civil realizó en la sede de Gerencia el pasado 5 de octubre, de donde se llevó las copias de los cinco convenios realizados en la zona norte del municipio.
Junto a Ana María Vidal, también prestará declaración hoy en el juzgado quien fuera director de la Gerencia de Urbanismo en el año en el que se firmó el convenio de Nueva Condomina, Pedro Morillas, también en calidad de imputado. Morillas ya declaró a esta redacción que afrontaba tranquilo esta comparecencia judicial, ya que defendía que su actuación durante la negociación del acuerdo con Samper defendió siempre los intereses municipales.
En la operación Umbra también están imputados el empresario Jesús Samper, el abogado Higinio Pérez Mateos y el arquitecto Renato de Noce, así como el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo y número tres de la Concejalía, Joaquín Peñalver, implicado además junto a otras 18 personas en la llamada operación Barraca.
