El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Marcos Ros, ya denunció públicamente en enero de 2007 que la firma de los cuatro convenios de la zona norte que se suscribieron suponían "un pelotazo urbanístico que ha dejado a las arcas sin ingresar más de 709 millones de euros", acusando al alcalde, Miguel Ángel Cámara, de "favorecer" esta situación.

Una conclusión que extraían los socialistas de Murcia de un informe que encargaron meses antes a la Sociedad de Tasaciones de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España (Arquitasa). En concreto, uno de estos informes ya advertía que se podrían haber dejado de ingresar más de 126 millones de euros en estas arcas, fruto de un convenio con las empresas Urbamur 2003 S.A., Visionaria S.L., y Obralia Sureste S.L.

Ros amplió esta información con los tres nuevos informes restantes de los tres convenios, y en donde Arquitasa cifra en 583 millones de euros las pérdidas que, sumadas al anterior informe, dan la cifra de 709 millones de euros que "se han dejado de ingresar a las arcas, mediante las negociaciones a la carta de Cámara y con la firma de las valoraciones del anterior jefe de Planeamiento del Consistorio, Joaquín Peñalver".

Recordó, entonces, que estos convenios "se firmaron el mismo día y en el mismo pleno, celebrado el 23 de febrero" de 2006. "Esa firma consistía en incrementar la edificabilidad de una zona en la que se podían construir 4.000 ó 5.000 viviendas, a una superficie, tras la firma del convenio, de 1,3 millones de metros cuadrados construibles, que suponen más de 13.500 nuevas viviendas que, sumadas a las anteriores, hacen las famosas 19.000 viviendas de la zona, junto con las de Nueva Condomina y las del convenio que lleva ligado la rehabilitación del Casino, que pondrán finalmente en la zona en torno a unas 25.000 ó 30.000 viviendas", explicaba entonces Ros.

Por tanto, el edil socialista calificó los informes que elaboró el Ayuntamiento de Murcia para calcular estos valores de "ridículos, intencionados, carentes de contenidos y de metodología y, precisamente, redactados por Peñalver cuando las planeaciones se hacen desde el Servicio de Gestión Urbanística".

Igualmente, criticó el informe de los cuatro convenios que redactó "en un día" Peñalver, "de tres páginas, y que obtenía un valor de 120 euros por metro cuadrado"; contrastado con el que realizó Arquitasa, "que constan de un estudio de mercado, y que obtenían un valor promedio de 650 euros por metros cuadrado de edificabilidad" en el primero de los convenios --Urbamur, Visionaria y Obralia-- y de "632,28 euros por metros cuadrado para los tres restantes".

Es por ello por lo que puntualizó que "la tasación de Arquitasa está realizada conforme a la metodología del ministerio de Economía, empleando el método residual dinámico y son informes que se ajustan a la ley".

Ros se preguntó "por qué se realizaron las valoraciones en un sólo día y por qué las realizó Peñalver, cuando no era de su competencia", además de que, a su juicio, "convenio significa convenir, y a quien convienen esos cuatro convenios es a las empresas que los han firmado".

COMPARATIVA DE LOS INFORMES.

El primero de los convenios, con Urbamur, Visionaria y Obralia Sureste, supone una valoración por parte del Consistorio de 28 millones de euros, mientras que el de Arquitasa, la contraprestación asciende a 155 millones de euros, por lo que se arroja una diferencia de 126 millones de euros.

Otro de los convenios, con Fadesa Inmobiliaria S.L., Castillo de Larache S.L., Ideas y Desarrollos Urbanos S.L., Mediterráneo Hispagroup S.A., Tricenter Albamur S.L., y D. Andrés Muñoz Cánovas, tiene una valoración, por parte del Ayuntamiento, de 80 millones de euros, mientras que Arquitasa lo cifra en 422 millones --diferencia de 342 millones de euros--; y el de la empresa de D. Manuel Nicolás García, la Administración Local cifra la valoración en 20 millones, mientras que Arquitasa lo sitúa en 108 --diferencia de 87 millones de euros--.

Por último, la valoración que hace el Ayuntamiento del convenio con Profu S.A., Mirallevant S.L., Lo Navarro de Murcia S.A., y Actividades e Inversiones Futuras 3000 S.L., es de 35 millones de euros y Arquitasa lo cifra en 188 --diferencia de 152 millones de euros--.

Los cuatros convenios de la zona norte podrían haber ingresado a las arcas, según los informes de Arquitasa, 875 millones de euros, en vez de los 165 que fijó el Ayuntamiento --diferencia de poco más de 709 millones de euros--.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO.

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia negó entonces que se hubieran dejado de ingresar "ninguna cantidad de dinero por los desarrollos de la zona norte", y acusó al grupo municipal Socialista de "ir en contra de los criterios de la nueva Ley del Suelo propuesta por el PSOE de la nación y manipular así, a la opinión pública".

En esta línea, fuentes del Consistorio murciano recordaron que "en ayuntamientos socialistas, como el de Jumilla, se aplican criterios del valor del suelo 50 veces por debajo del de Murcia, al tiempo que puso de manifiesto que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia "ya dictó dos sentencias relativas al plan parcial Nueva Condomina en las que se declara la legalidad de este tipo de convenios de desarrollo urbanístico".

Insistieron, por tanto, que "no se ha producido venta alguna de terreno en los convenios a los que se refiere el PSOE", y que "se trata de un mecanismo de ordenación del suelo y asignación de edificabilidad previsto en la normativa del Plan General desde el año 2001".

En virtud de este mecanismo, continuaron, "los propietarios del suelo (no los promotores) pueden escoger, libremente, entre dos alternativas de ordenación".

Una de ellas supone una mayor edificabilidad, que el PGOU ya prevé, para lo cual debe realizar alguna aportación al Ayuntamiento que se declare como 'Actuación de Interés Municipal', como el estadio Nueva Condomina, la rehabilitación del Casino y la del Teatro Circo; o bien compensar al Ayuntamiento con una cantidad económica que el propio Consistorio pueda destinar a actuaciones similares para la ejecución de infraestructuras, explicaron estas fuentes.

Así, dejaron claro que esta aportación "no proviene de ninguna venta de nada, sino que es exactamente el mismo mecanismo utilizado en Nueva Condomina que fue aprobado con el voto del PSOE", al tiempo que afirmaron que las actuaciones que se han llevado a cabo en la zona norte "se desarrollan en suelo urbanizable, sin que haya reclasificación u operación especulativa alguna".

Y es que, según las citadas fuentes, "en todos los municipios españoles son habituales la firma de este tipo de acuerdos, previstos en la Ley del Suelo, como instrumentos urbanísticos, en virtud de los cuales el Ayuntamiento puede recibir cesiones en metálico o en especie que no tienen porqué corresponderse con el valor de mercado del suelo que los promotores compran a los propietarios, precio en cuya concreción influyen muchos factores como financiación, riesgo empresarial y expectativas de mercado".

Es por ello por lo que consideraron que "la Ley y el PGOU de Murcia contemplan la posibilidad de que revierta en la ciudad una parte de las plusvalías que genera la actividad urbanística, como dotaciones o ejecuciones de infraestructuras, pero en modo alguno el Ayuntamiento vende nada, sino que las reglas del juego previstas en la Ley y en el Plan General son iguales para todos, Administración y propietarios de suelo".