El caso de La Zerrichera marcó un antes y un después en la política regional. Fue, salvando las distancias, la Malaya murciana. Desde que, en el año 2005, el pleno del ayuntamiento de Águilas decidiera desproteger esta finca, incluida en una zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), para permitir la construcción de viviendas, la sombra de la corrupción ligada al ladrillo se cernió sobre la Región. Luego han venido distintas operaciones policiales con políticos detenidos (Totana, Los Alcázares, Torre Pacheco, Librilla, San Javier).

Cinco años después de que se iniciaran los procesos administrativos para desproteger la finca y permitir la construcción de viviendas y campos de golf, La Zerrichera es hoy día una finca muerta en la que no hay ningún tipo de actividad económica. Unos terrenos malditos en la Sierra de Almenara.

La zona, declarada urbanizable por la consejería de Obras Públicas en tiempos de Joaquín Bascuñana, fue vendida por el empresario Trinitario Casanova -quien promovió en un principio la urbanización- a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por un montante de 128 millones de euros. Sin embargo, la Comunidad Autónoma decidió en mayo de 2009 derogar la orden que declaraba urbanizable la finca al considerar que esta calificación era incompatible con el Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA Sierra de Almenara y Cabo Cope.

Por tanto, hasta el momento la Kutxa no ha podido poner ni un ladrillo y es probable que la caja acuda a los juzgados para reclamar responsabilidades a Casanova por venderle unas parcelas en las que no parece que vayan a poder construir las 3.000 viviendas, un hotel de lujo y el campo de golf previsto.

¿El negocio del siglo?

Casanova tiene además otros motivos por los que preocuparse. Los propietarios de la empresa Alhóndiga Agrisel, propietarios iniciales de la finca de La Zerrichera, han presentado en los juzgados de Lorca una querella por estafa contra el ex propietario del Grupo Hispania, para quien solicitan cuatro años de prisión, y contra el Banco Popular. Según un representante legal de los responsables de la empresa aguileña, «mis clientes no han recibido ni un euro por la venta de los terrenos y fueron engañados por el señor Trinitario Casanova»

Los dueños de la cooperativa agrícola vendieron sus propiedades al promotor urbanístico a través de un contrato de permuta por el que el empresario murciano iba a entregarles 44 chalés con piscina cuando la urbanización de La Zerrichera estuviera concluida. Además, Casanova se comprometía en el citado contrato a no vender la finca, de 250 hectáreas, sin el consentimiento expreso de sus primeros compradores, que explotaban las parcelas y plantaban lechugas en la misma. El ex presidente de Hispania incumplió su promesa, tras vender los terrenos a la Kutxa por 128 millones una vez que fueron catalogados como urbanizables sectorizados por la Administración regional.

Según la querella de los dueños de la cooperativa Agrisel, Trinitario Casanova les entregó avales bancarios del Banco Popular (el promotor era accionista) para convencer a los cooperativistas de que eliminaran una condición resolutoria del contrato de permuta por la cual, si en un plazo de tiempo no se hubieran construido los 44 chalés que les correspondían, los terrenos volverían a su propiedad. Cuando fueron a cobrar los avales, en el banco nadie sabía nada. «Ahora, tras la estrategia de Casanova y el Banco Popular, no han percibido ni un euro por los terrenos mientras que Casanova ha ganado 128 millones de euros», dicen los abogados de la cooperativa.