La Guardia Civil utilizará el radar 'antipateras' del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para detectar cualquier movimiento que pueda poner en peligro el patrimonio arqueológico subacuático y evitar posibles expolios. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, avanzó ayer en Cartagena que la firma del convenio entre la Guardia Civil y las comunidades autónomas está tramitándose.

González-Sinde hizo pública esta decisión del Gobierno durante la presentación del Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, que se celebró en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua) coincidiendo con la reunión del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco.

La incorporación del SIVE en los sistemas de protección del patrimonio sumergido pondrán freno a expolios como el recientemente ocurrido con la empresa norteamerciana Odyssey. En este sentido, fuentes del Ministerio indicaron que ya hay dos decisiones favorables de los jueces de Tampa y que probablemente España ganará este caso, aunque la devolución de las 500.000 monedas expoliadas y valoradas en más de 500 millones de dólares, no se producirá hasta que no se resuelvan las alegaciones que la empresa ha presentado ante el tribunal de apelaciones.

Por otra parte, González-Sinde se refirió al compromiso de la comunidad andaluza de declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) 56 zonas arqueológicas de sus aguas submarinas, así como a la continuación de un proyecto relativo a la localización de buques españoles hundidos en aguas americanas, entre los siglos XV al XVII.

Respecto al Libro Verde del Plan de Protección del Patrimonio Subacuático Español, la titular de Cultura hizo hincapié en que se trata de un nuevo capítulo en la gestión del patrimonio y del compromiso de las instituciones para garantizar su protección, a través de la elaboración de las cartas arqueológicas. Ha sido elaborado por expertos del Ministerio, a través del Arqua, las universidades y comunidades autónomas.

El coordinador del grupo de trabajo que ha hecho posible este documento, Rafael Azuar, explicó que el libro establece un conjunto de 30 medidas para garantizar el futuro de este patrimonio, como protocolos de intervención, marco jurídico e informes de impacto arqueológico en aguas continentales, entre otros. "Es necesario normalizar las titulaciones tanto en España como en el panorama internacional para trabajar en un mundo global y crear una comisión de seguimiento del plan", dijo.