Agentes de la Guardia Civil han detenido a siete personas, todos españoles excepto un marroquí, de entre 18 y 40 años, que integraban una organización que defraudó a Hacienda y a la Seguridad Social con empresas 'fantasma' para cobrar indemnizaciones por desempleo y bajas por maternidad o enfermedad. Según informó ayer la delegación del Gobierno, a los detenidos en la operación 'George', desarrollada por la Inspección de Trabajo durante seis meses y que continúa abierta, se les acusa de ser presuntos autores de los delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa, y de los siete detenidos, cuatro tienen antecedentes.

Los cabecillas de la organización son A.T.B., de 35 años, y M.E.F., marroquí de 40 años, ambos residentes en Llano del Beal (Cartagena). El resto responde a las iniciales A.P.V., de 18 años, y vecino Llano del Beal; L.D.C.H., de 31, vecina de El Algar (Cartagena); M.R.G.G., de 39; J.M.J.M., de 32 años, y ambos vecinos de La Unión, así como E.J.R.G., de 29 y vecino de Llano del Beal.

Además se ha imputado a otras trece personas como presuntos autores de los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, falsificación y estafa. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo al detectar la Benemérita la presencia en el campo de Cartagena de varias empresas que cometían irregularidades con los contratos de trabajo, con indicios que apuntaban a vecinos de La Unión, El Algar y Llano del Beal. Las empresas ficticias se dedicaban a realizar contratos de trabajo a cambio de una cantidad de dinero previamente pactada con la finalidad de que la persona contratada obtuviera alguna prestación social.

Las empresas ficticias estaban a nombre de personas insolventes y una vez regularizada la situación, establecían contactos con personas a las que se les ofrecía ser contratadas con la finalidad de obtener algún tipo de prestación social. Cuatro han sido las empresas detectadas por el momento como implicadas en esta investigación, las cuales se encontraban relacionadas entre sí y sólo efectuaban trámites de alta administrativa sin actividad laboral. Los trabajadores ficticios pagaban a los falsos empresarios entre los 200 y los 500 euros a cambio de obtener los requisitos necesarios para ser beneficiarios de prestaciones y ayudas, alcanzando el beneficio de esta trama los 100.000 euros.