La junta directiva de la Asociación de Promotores de Viviendas (APRIM) ha aprobado una resolución en la que pide a la Administración pública que aplique "unos criterios de eficiencia y de servicio a los ciudadanos" para evitar que los trámites burocráticos de los proyectos urbanísticos se eternicen en los cajones, según explicó ayer Juan Hernández. Los empresarios no entienden que "el descenso en el número de proyectos y de licencias que se solicitan no se haya traducido en una agilización de los plazos de aprobación", aunque la carga de trabajo de los funcionarios ha caído de forma vertiginosa. Por eso proponen reformar la Administración para que haya "más cerebros y menos brazos", tal como apunta un informe de La Caixa en el se indica que el mercado de trabajo de la Región debe apostar por la cualificación de los trabajadores, en lugar de limitarse contar con a una mano de obra abundante.

Los promotores pedirán el apoyo de los colegios profesionales y de las demás organizaciones que integran la patronal murciana para conseguir que su propuesta se convierta en "una reivindicación de la sociedad civil murciana". Los empresarios exigen a la Comunidad Autónoma que establezca "un plan de racionalización, como hacen las empresas privadas", y que mejore la coordinación con los ayuntamientos mediante aplicaciones informáticas "para que pueda saberse en qué situación está un proyecto o una licencia en cada momento". Hernández criticó también el galimatías jurídico al que deben enfrentarse las empresas y apuntó que, en ocasiones, las reformas legislativas, en lugar de simplificar las leyes de difícil aplicación, acaban creando mayor confusión. "Como hacer la reforma es muy complicado, nadie se atreve a meter el cuchillo y el tenedor para cortar. Sin embargo, la Administración tributaria funciona perfectamente y, si no pagas, te cobra un 20% de recargo".

Su pretensión es "dar agilidad, certidumbre y seguridad jurídica a los procedimientos administrativos".