Los artículos y disposiciones del Estatuto manchego que recojan la progresiva reducción de los caudales trasvasables del Tajo son "claramente inconstitucionales", según indican los autores del estudio sobre el Acueducto. Los expertos parten de la consideración de que el nuevo Estatuto atribuiría a una comunidad autónoma competencias del Estado, "al tratarse de aguas intercomunitarias". Destacan que el texto sería contrario a la Directiva del Agua, pero advierten de que la aprobación del Estatuto, "al tratarse de una ley orgánica, supondría la derogación implícita de la legislación del Trasvase", por lo que entienden que "la solución debe ser política, no jurídica".