Quince de las diecisiete comunidades autónomas pagan a sus proveedores de productos sanitarios por encima de los 60 días que marca la Ley de Contratos del Sector Público como tope, lo que se considera una práctica ilegal. En este ranking de 'malos pagadores' Murcia se encuentra a la cabeza, ya que es la segunda comunidad que más dilata el abono de los suministros que recibe, entre los que no se incluyen los productos farmacéuticos, después de Baleares.

Según el informe facilitado a LA OPINIÓN desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y actualizado a 30 de junio de este año, la sanidad murciana tarda una media de 488 días en pagar a los proveedores, sólo superada por los 503 días de Baleares, y situándose detrás autonomías como Cantabria, con 465; Valencia con 384; La Rioja, con 270 y Castilla-La Mancha, con 255, entre otras. Sin embargo, las únicas que cumplen con la legalidad y respetan los 60 días de plazo son Galicia, que paga a 56 días, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que lo hacen en 51 días.

Esta práctica se está generalizando en los últimos años entre los gobiernos autónomos y se está agravando por la situación de crisis económica, ya que los presupuestos se mantienen o disminuyen mientras que los gastos van en aumento. En este ámbito Murcia cuenta con la ventaja de que sus presupuestos para 2010 en Sanidad aumentan un 6,9% -lo que supone cerca de 140 millones- aunque este incremento no será suficiente para hacer frente a un déficit que supera los 500 millones de euros, según las cuentas de 2008 del Servicio Murciano de Salud presentadas en la Asamblea Regional, por lo que se apuesta por buscar otras fórmulas.

El encuentro de profesionales 'Gestión de cobros al sector público sanitario', celebrado el pasado mes de septiembre, arrojó algunos datos que clarifican el duro reto al que se enfrenta la sanidad española. Según los expertos, a final de 2008 el Sistema Nacional de Salud adeudaba a las compañías de productos sanitarios más de 4.000 millones de euros, una amenaza para la viabilidad de muchas compañías. Incluso algunos proveedores cobraron en 2008 facturas pendientes de pago desde 2001, algo ante lo que sólo se puede luchar con una denuncia o pidiendo intereses de demora.