Gyps Fulvus, la empresa del ex arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, se embolsó -sólo durante el año 2003- 1,3 millones de euros por la redacción de proyectos de obra pública en el municipio. A pesar de ello, el ex secretario municipal del consistorio alcazareño, Diego Gómez, declaró ayer ante la juez que dirige el caso -la titular del Juzgado Mixto número 2 de San Javier- que no sabía quién estaba detrás de esta sociedad. "Me enteré hace dos años a través de la prensa", señaló ayer el ex secretario.

Y eso que la relación entre Gyps Fulvus y el ayuntamiento parecía más que fluida. Según los investigadores, el 90% de los trabajos que desarrolló esta empresa entre los años 2001 y 2006 fueron facturados al consistorio de Los Alcázares. Entre ellos estaba la redacción del proyecto del nuevo edificio consistorial. La gran mayoría de los contratos, según las mismas fuentes, se adjudicaron sin pasar por el necesario concurso público. Ayer, Gómez declaró ante la juez que no recordaba si se convocaron los concursos, aunque matizó que, en cualquier caso, los proyectos fueron aprobados en última instancia por el pleno municipal.

Algo parecido pudo haber ocurrido con dos contratos adjudicados, también en 2003, a la mercantil José Díaz García S.A. por valor de 1,5 millones de euros. Esta misma empresa fue también la adjudicataria de las obras de urbanización del plan parcial Torre del Rame. El presupuesto inicial de esas obras -adjudicadas supuestamente sin concurso por la recomendación del técnico municipal Salvador Galián, también imputado- era de 32 millones de euros. Poco después se amplió ese presupuesto en otros ocho millones de euros. Ayer, el que fuera secretario municipal aseguró ante la juez que esta ampliación respondía a una exigencia formulada desde la Comunidad Autónoma para que se incorporasen obras complementarias en los accesos desde Cartagena y Torre Pacheco. Esa ampliación, según la documentación intervenida por la Policía Nacional, se hizo también 'a dedo' debido a la intervención de Galián y del propio Ayuso. Ahora, los investigadores tratan de averiguar si la razón de esta generosidad está en que la empresa estaba haciendo unas obras en unos terrenos que Salvador Galián tenía en Torre Pacheco.

La Semana Internacional de la Huerta y el Mar también está bajo sospecha. Al parecer, muchos de los contratos adjudicados a la empresa Animación y Ventura S.L. durante el año 2003 para organizar este evento estaban fraccionados en varias partes para no superar el límite legal de 18.000 euros que, según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, obliga a hacer las adjudicaciones a través de un concurso público. Ayer, Diego Gómez evitó toda responsabilidad sobre este asunto y señaló a los entonces responsables de la concejalía de Cultura.