07 de noviembre de 2009
07.11.2009
40 Años
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Reacciones

El PP de Totana condena la tardanza en resolver las medidas cautelares del alcalde

07.11.2009 | 20:14

El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Totana lamentó hoy que el Juzgado número 1 de Totana "resuelva con más de un año y medio de retraso las medidas cautelares impuestas al alcalde del municipio, José Martínez Andreo", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El PP de Totana se refirió de esta forma al anuncio de los abogados del alcalde de Totana, que hoy anunciaron que esta semana les ha sido notificado un auto por el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana procede a la devolución del pasaporte del primer edil, que hasta el momento tenía retenido, así como a la devolución de 52.500 euros de fianza que en su día fue depositada en el mismo.

El PP recordó que, en julio de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia "ordenó la devolución de pasaporte al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, lo que originó de inmediato la pertinente solicitud al Juzgado número 1 de Totana el cual no se había pronunciado hasta la fecha de hoy a pesar de que el Fiscal ya manifestara su conformidad a la reducción significativa de las medidas cautelares".

Tras conocer la noticia por parte de la defensa letrada del alcalde, el PP de Totana lamentó "el retraso de esta resolución un año y medio después, lo que representa un grave perjuicio para la figura institucional del alcalde que se ha traducido en un importante desgaste personal y político".

El PP consideró "incomprensible" que "a estas alturas de la instrucción y en vista de la situación procesal de Martínez Andreo, que queremos recordar ha sido archivado del grave delito de cohecho en el TSJ hasta en dos ocasiones, el Juzgado número 1 de Totana, pueda considerar oportuno mantener mínimas medidas cautelares".

AL respecto, el PP dijo no entender "como, sorprendentemente, según el propio razonamiento jurídico del auto, se mantienen estas medidas con el único fin de garantizar la presencia del alcalde en el juicio oral para evitar todo riesgo de fuga, cuando el alcalde no ha dejado nunca, ni va a dejar, de trabajar al servicio de los vecinos de Totana y del interés general del municipio".

El PP animó a Martínez Andreo y a los 12 concejales que integran su Equipo de Gobierno Municipal a que "continúen en la línea de trabajo y responsabilidad pública demostrada hasta ahora de la mano del Gobierno regional para dar cumplimiento y culminar los objetivos fijados en su compromiso con los vecinos de Totana y el interés general de la ciudadanía".

Además, aprovechó la oportunidad para instar al PSOE e IU+LV en Totana "a que dejen su estrategia de desgaste político y intento desesperado de rentabilidad electoral en el que están amparados tras la 'Operación Tótem' y trabajen arrimando el hombro en esta época de crisis en la defensa de los intereses generales de Totana".

OPERACIÓN TÓTEM

La operación 'Tótem', realizada por los agentes de la Guardia Civil, se destapó a finales de 2007 y trata de una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en el término municipal de Totana (Murcia). Y es que, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura, lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.

Dentro de esta misma investigación fue detenido, en noviembre de 2007, el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y 16 personas más, entre las que se encontraba también el ex regidor de esta localidad y diputado, Juan Morales. El 1 de febrero de 2008 Martínez Andreo quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros, y se reincorporó a la Alcaldía.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación a Morales, aforado, en el marco de las investigación de la operación 'Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones". Está compuesta por los magistrados Juan Martínez Moya, que es el presidente, así como Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, y el instructor de la causa es el magistrado Pérez Templado.

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