El juez de la operación Biblioteca reanudó ayer la toma de declaraciones. En concreto, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, interrogó en la tarde de ayer al secretario del ayuntamiento de Librilla y a los responsables de un estudio de arquitectura presuntamente vinculado a la sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo Industrial (Acadi).

Esta ronda de declaraciones se produce casi dos meses después de que el ingeniero Domingo Peñalver -uno de los socios de Acadi y que fue quien destapó la presunta trama de concesión de contratos a cambio de comisiones- compareciese por segunda vez ante el magistrado. En aquella declaración, Peñalver volvió a insistir en que el alcalde de la localidad, José Martínez, así como el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, le exigían comisiones "de 60.000 euros" para seguir recibiendo un trato de favor.

Ayer fue el turno del secretario municipal, Marcos Marín Tovar, y de los arquitectos responsables del estudio Arquitectura y Control del Mediterráneo, José Miguel Fuentes y Julio Ballester. El estudio, con sede en Librilla, podría estar relacionado con la asesoría Cotem, que regentaba uno de los implicados en la operación, el funcionario municipal José Andrés Cortés. De hecho, está previsto que la mujer de José Andrés -que también figuró como titular de la asesoría- declare mañana miércoles en el juzgado.

La presunta trama de corrupción en Librilla giraba en torno a Acadi -propiedad de Domingo Peñalver y del funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano- y de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, a cuyo frente estaba José Andrés Cortés. Según denunció el propio Peñalver, todos los proyectos urbanísticos de Librilla pasaban por IDL, que después se los adjudicaba a Acadi.