Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha subrayado que se trata de una decisión adoptada con responsabilidad, rigor y prudencia, y en función del interés general.
El Gobierno ha reiterado además su compromiso de impulsar la reorientación de la política del agua en toda España, a fin de mejorar el control público de su uso, tanto superficial como subterránea, así como su calidad.
La propuesta de trasvasar 39 hectómetros cúbicos fue efectuada el pasado miércoles por la comisión de explotación del trasvase, que tuvo en cuenta que, dada la preocupante situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que almacenan 279 hectómetros cúbicos, no es posible habilitar agua para el regadío, de manera que el trasvase irá destinado sólo al consumo humano.
Según el Gobierno, el porcentaje de agua acumulada en estos embalses constata que el sistema está afrontando el cuarto año consecutivo de la peor sequía registrada en la zona.
Con la propuesta aprobada se garantiza que las existencias en la cabecera del Tajo no desciendan por debajo del límite legal de 240 hectómetros cúbicos, a partir del cual no se pueden autorizar desembalses, de acuerdo con el Plan Hidrológico Nacional de 2001.
Presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ésta ha sido la última reunión del Consejo antes de que se constituya el Parlamento -el próximo martes- y, previsiblemente, la penúltima en la que los ministros trabajen en funciones.
Oídos los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo ha aprobado el trasvase a través del acueducto Tajo-Segura para el trimestre comprendido entre abril y junio, dada la delicada situación en la que se encuentran las cuencas del Segura, Júcar y Almanzora.
De este modo, según la información facilitada por el Ejecutivo, se garantiza el abastecimiento a la población atendida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad pública GALASA.
El Gobierno podría revisar este acuerdo antes de que finalice el trimestre en función de la evolución de las lluvias de primavera y del comportamiento del sistema de la cabecera del Tajo.
No obstante, y pese a la "grave" situación de los regadíos en Murcia, el objetivo fundamental ahora es garantizar el abastecimiento a las poblaciones antes de poder plantear la atención de otras demandas, según la misma fuente.
Por eso, el Ejecutivo ha hecho un llamamiento a los habitantes de la cuenca del Júcar, del Segura, de la cabecera del Tajo, de la cuenca del Guadalquivir y del Almanzora, a fin de que sigan manteniendo sus hábitos de ahorro de agua, concienciación y sensibilidad.
Una responsabilidad que el Gobierno también ha solicitado a todas las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunitat Valenciana y Andalucía.
En función del análisis efectuado por el Gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero, éste es el cuarto año de sequía en las cuencas del arco mediterráneo, del Guadalquivir y de la cabecera del Tajo, aunque no ha sido necesario restringir el abastecimiento a la población.
Desde que comenzó el periodo de sequía, el Ministerio ha invertido alrededor de 688 millones de euros en actuaciones de urgencia y emergencia, de los cuales un 40 por ciento han ido destinados a la cuenca del Segura.
