Según informó hoy la organización en un comunicado, pese a que "la Comunidad Autónoma no ha aportando ningún documento de 'diagnóstico' de la situación actual del Mar Menor para poder presentar sugerencias con una información actualizada de este espacio natural, derogó la Ley de Protección y Armonización de Usos del litoral del Mar Menor".

En este sentido, ANSE acusó al Gobierno regional de incumplir "sistemáticamente los compromisos adquiridos para la conservación de la mayor laguna litoral española". Por ello, la organización remitió un paquete de medidas para que se trabaje por la conservación de "uno de los más singulares espacios naturales del sureste ibérico".

Así, la primera de estas propuestas es la aprobación definitiva del plan de ordenación de Recursos Naturales del Espacio Natural 'Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo de Torre Pacheco', incorporando las alegaciones presentadas por ANSE, y de su correspondiente 'Plan Rector de Uso y Gestión'.

Igualmente, la aprobación de los planes de gestión correspondientes con las diferentes figuras de protección de espacios de la Red Natural 2000 y Unesco en dicho entorno. A juicio de la organización, ambos puntos podrían concretarse en "una Ley de Protección del Mar Menor".

En tercer lugar, instó al impulso de sendas moratorias urbanística y de puertos deportivos, y de un proyecto para el desmantelamiento de algunas de las infraestructuras de "mayor impacto" existentes en la actualidad.

Por otra parte, la remodelación de las depuradoras "anticuadas" que vierten a las ramblas y canales que desembocan en el Mar Menor, caso de La Loma (Los Urrutias), y que no están siendo ejecutadas por el Ministerio.

Además, la expropiación de las salinas de Marchamalo y su entorno agrícola, y puesta en marcha de un plan de manejo que compatibilice la explotación salinera tradicional con medidas de conservación y recuperación de los hábitat naturales, la flora y fauna silvestres.

En sexto lugar, la compra o expropiación de la Isla Perdiguera y desarrollo de un programa de recuperación ambiental que incluya la demolición de las construcciones que aún se conservan en la misma. Y, también, la compra o expropiación de los terrenos privados de la Marina y del entorno del Cabezo del Carmolí, para establecer un corredor natural entre ambos espacios protegidos.

Otra propuesta fue la aprobación de una normativa que limite el uso de embarcaciones a motor y establezca áreas de acceso restringido y/o prohibido, para favorecer la recuperación de aves silvestres y especies piscícolas, como el caballito de mar entre otras. Según ANSE, "lo mismo debería de hacerse para la actividad pesquera".

Asimismo, la organización propuso la compra y/o expropiación de los terrenos de 'El Vivero', en La Manga, (Cartagena), y otros arenales no urbanizados de La Manga, para su uso en equipamientos de uso público y recuperación ambiental.

Finalmente, exigió la declaración de las zonas agrícolas que rodean la laguna como "Paisaje Protegido", y elaboración de un Plan de Mejora Agroambiental que limite el uso de productos químicos en la agricultura intensiva, tendiendo a su transformación a medio plazo hacia sistemas de agricultura integrada y ecológica.

Para ANSE, estas medidas son necesarias para "mitigar los efectos del colapso urbanístico" en el Mar Menor, que deben ir acompañadas del aumento de los escasos medios humanos de vigilancia existentes en la actualidad.