Una de las primeras decisiones del recién designado fiscal superior de la Región -antes fiscal jefe del TSJ-, ha estado relacionada con la Operación Tótem. El fiscal superior, Manuel López Bernal, solicitó ayer a la Sala de lo Civil y Penal que se hiciese cargo de este caso -en el que se investiga una presunta trama de corrupción en el ayuntamiento de Totana-, dada la condición de aforado del presunto cerebro de la red, el ex alcalde y actual diputado regional Juan Morales.

En su escrito, presentado en la mañana de ayer ante el TSJ, López Bernal confirma la existencia de varios indicios delictivos en la actuación de Morales al frente del consistorio. En concreto, el informe del fiscal habla de cohecho, negociación prohibida a los funcionarios, prevaricación y malversación de caudales.

Además, el fiscal superior solicita a los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal que, en caso de que también se declaren competentes para asumir esta investigación, reclamen al órgano instructor -el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Totana-, todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora. López Bernal también pide al TSJ que designe un magistrado instructor -que no podrá ser el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya- y que tome declaración a Morales.

Este paso, largamente esperado, se considera uno de los últimos en una investigación que se inició hace varios meses en torno a las presuntas irregularidades cometidas en el ayuntamiento de Totana. Todas las actuaciones del juzgado y de la Guardia Civil estuvieron desde el principio orientadas sobre la base de que Morales era el presunto cerebro de esta trama de corrupción. Según fuentes próximas al caso, el alcalde era quien tomaba todas las decisiones relacionadas con el urbanismo en el municipio. En este sentido, algunos datos que han trascendido de la investigación indican que Morales llegó a pedir el cobro de tres millones de euros a un empresario gallego -también detenido-, por influir en un plan urbanístico.