"La corrupción debe dejar de ser rentable, social y económicamente", añade el comunicado, que se felicita por las actuaciones judiciales en Los Alcázares y en Totana.
La citada plataforma exige además al Gobierno regional la derogación "inmediata" de la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral y la Orden de 12 de noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, que desarrolla la Ley 9/2006, sobre Evaluación Ambiental Estratégica, "por considerarlos el marco jurídico idóneo para la corrupción urbanística que asola nuestra región".
También exigen mecanismos de participación y control democráticos en los ayuntamientos para dificultar la acción de los corruptos, exigen "mejores y más democráticos" métodos de elección de los candidatos a las elecciones, y que sufran la expulsión inmediata los alcaldes, concejales y diputados imputados en casos de corrupción.
Las corrupciones "y las que quedan por descubrir -añade el comunicado de prensa- son fruto del modelo económico impuesto por el Gobierno regional basado en el monocultivo del ladrillo, y han encontrado el marco idóneo para producirse en la ley regional del suelo, y en la utilización sistemática de la figura del convenio urbanístico".
