Los días del juez Fernando Ferrín Calamita al frente del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia -órgano especializado en asuntos de familia-, podrían estar contados. Al menos, así lo esperan desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, desde donde se ha iniciado el procedimiento para que Calamita deje de estar al frente de este órgano judicial.
La Sala de Gobierno acordó -el pasado cuatro de diciembre-, someter al magistrado a una revisión psicológica para determinar si está en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones. Inmediatamente después, y según confirmaron fuentes judiciales, el TSJ ordenó que dos médicos forenses elaborasen un informe sobre su salud mental, ya que en los últimos años ha estado de baja por estrés laboral en numerosas ocasiones.
En principio, el resultado de este proceso podría significar que Ferrín Calamita abandonase el juzgado de familia y fuese destinado a otra jurisdicción que no le plantease problemas de conciencia relacionados con sus profundas convicciones religiosas. Otras fuentes, sin embargo, afirman que el objetivo de este proceso es forzar la jubilación prematura de Ferrín Calamita, de 50 años, declarando su incapacidad permanente para seguir en la carrera judicial.
En los últimos meses, el nombre de Calamita ha estado permanentemente ligado a la polémica. El magistrado ha sido sancionado ya en dos ocasiones por el Consejo General del Poder Judicial a instancias del TSJ de Murcia. El último expediente llegó en septiembre del pasado año.
El CGPJ calificó como una falta grave el retraso injustificado en la tramitación de un proceso de adopción por un matrimonio de lesbianas. En concreto, el órgano de gobierno de los jueces denunciaba que el magistrado había retrasado la adopción "de forma injustificada".
En su escrito, el CGPJ calificaba como "incongruente y dilatorio" que Calamita hubiese paralizado el proceso para ordenar la elaboración de un informe psicológico que posteriormente calificó como "innecesario". El magistrado, por su parte, planteó una cuestión de inconstitucionalidad y mantuvo en todo momento que no había retrasado el caso de forma voluntaria.
Tres meses antes, en julio del pasado año, el CGPJ había abierto el primer expediente sancionador contra el magistrado "por utilizar expresiones innecesarias e improcedentes" en una resolución judicial. En el citado auto, Calamita equiparó la condición de toxicómano, pederasta, prostituta o la pertenencia a una secta satánica con la homosexualidad.
