La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a la que pertenecen las clínicas Ginemur de Murcia y Cartagena, inició ayer una huelga que se prolongará hasta el sábado, por entender que el Gobierno no garantiza el derecho de las mujeres al aborto ni "la seguridad jurídica" de los profesionales del sector.

No obstante, las clínicas Delta Médica de Murcia y Lorca -las otras dos clínicas abortistas de la Región y que no pertenecen a dicha asociación-, no se unirán a dicha huelga.

En Murcia, que es la cuarta comunidad con mayor tasa de abortos, cerca de la mitad de las mujeres que lo realizan lo hacen por la Seguridad Social, pero son remitidas desde hospitales públicos, donde no realizan este tipo de operaciones, a las clínicas privadas, que tienen un coste de entre 400 y 500 euros si se asiste directamente a las mismas.

A pesar de la huelga, las clínicas Ginemur mantendrán los servicios mínimos, "porque hay pacientes que están en el límite de lo establecido por la ley para abortar y no hacerlo podría acarrear un problema", explicó el médico ginecólogo de este centro, Francisco Valero, quien añadió que esta huelga puede afectar a "cincuenta o sesenta mujeres de la Región de Murcia".

Por su parte, el director general de Régimen Económico y Prestaciones del Servicio Murciano de Salud, Andrés Carrillo, explicó que esta huelga no creará problemas de asistencia en la Región, donde hay otras clínicas que realizan las interrupciones voluntarias del embarazo. Además, explicó que hace tres semanas se realizó una revisión de dichas clínicas, de las que hay un informe positivo.

Los treinta centros de ACAI, distribuidos por la geografía española, cuentan con el apoyo de otras clínicas no asociadas, como Dator y Mediterránea Médica, aunque fuentes de la organización informaron de que serán al menos cincuenta las que se sumarán a un paro que puede perjudicar a unas 2.000 mujeres.

La protesta, secundada desde ayer en Cataluña, se produce después de que el 17 de diciembre siete médicos fueran detenidos por su supuesta relación con la red de abortos ilegales dirigida por el doctor Carlos Morín.

La Junta Directiva de la Asociación ha ratificado su intención de suspender los abortos "al haber desoído", desde la Administración general y madrileña, su petición de amparo ante las situaciones de "acoso y persecución" que sufren sus trabajadores.

Este problema se ha visto agravada estos días, en opinión de ACAI, por la actuación de "grupos extremistas que buscan imponer su moral por encima de los derechos contemplados por la ley".

Las clínicas acreditadas intentan llamar la atención de las autoridades correspondientes sobre lo que puede llegar a ser "un grave problema de salud pública, habida cuenta de que el sector privado realiza el 98 por ciento de las interrupciones del embarazo y que 101.592 mujeres abortaron durante el año 2006".

Para ACAI, resulta "incomprensible" que el recurso al aborto sea una prestación sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud, que las clínicas acreditadas lo posibiliten y, sin embargo, desde la Administración "se permita el acoso sistemático" a las mujeres y a los profesionales afectados.

Las clínicas vinculan las medidas que han decidido tomar a la consecución de tres objetivos: que se respete el derecho de las mujeres al aborto; que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales; y que las formaciones políticas posibiliten un consenso necesario para reformar una legislación que "no cubre la demanda social".