En rueda de prensa, Rosique afirmó que ya han declarado ante la Fiscalía el consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá; el ex consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal; el interventor general de la comunidad autónoma y uno de los antiguos propietarios de la balsa Yenny.
La diputada socialista insistió en la necesidad de que comparezca el Gobierno ante la Asamblea Regional porque -afirmó- "en mayo de 2001 la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente ya estaba dispuesta a asumir como propias las obras de eliminación y posterior vertido de la balsa, cuando ésta todavía era propiedad de la empresa Portmán Golf".
Declaró que seis meses más tarde, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, aceptó "la cesión gratuita" de los terrenos anejos a la balsa para destinarlos a la repoblación forestal y mejora de las reservas hidrológicas de la zona "sin hacer la más mínima referencia" a que habría que eliminar primeramente la balsa.
"El Gobierno regional debió pensar que si la balsa pasaba a ser de titularidad pública sería mucho más fácil justificar que su eliminación se pagara con dinero público liberando a Portmán Golf", apuntó Rosique, quien también señaló que en primer lugar las obras de eliminación y vertido de la balsa Yenny tuvieron un coste de 5 millones de euros.
Unos meses más tarde "el coste de la obra asciende 450.000 euros más" cofinanciados por "la Comunidad Autónoma y la Unión Europea", un hecho que "también tiene que explicar el Gobierno regional", exigió Rosique.
La diputada socialista declaró que de esta manera "el Gobierno regional ha liberado a la empresa Portmán Golf de limpiar la balsa Jenny y le ha ahorrado casi seis millones de euros que se han pagado con dinero de todos".
