El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, órgano judicial que investiga el caso de La Zerrichera, ha decidido imputar al ex concejal del PSOE de Águilas Pedro Gil, quien deberá declarar el próximo 16 de noviembre, según informaron a LA OPINIÓN fuentes judiciales. La mismas fuentes precisaron que el ahora edil del Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd) tendrá que explicar la denuncia de su ex compañero socialista y ahora portavoz del PSOE en el municipio, Ramón Román, de ser el presunto correo de un intento de soborno, lo que implicaría un delito de cohecho, tal y como explicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal.
El máximo responsable de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia separó el caso de las presuntas irregularidades en la recalificación de la finca de La Zerrichera del presunto intento de soborno a los ediles socialistas para que no rechazaran la reclasificación de los terrenos de La Zerrichera en el Pleno municipal.
Al final, la mitad de los concejales socialistas se ausentaron del mismo, votando en contra tres ediles encabezados por Ramón Román. Los ediles 'rebeldes', que todavía hoy aseguran que no votaron por diferentes motivos personales, fueron expulsados del partido, tras lo que fundaron el Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd).
Además de Pedro Gil, deberán declarar ante el juez, pero en estos casos como testigos, las funcionarias de la consejería de Medio Ambiente María Jesús Ros e Inmaculada Ramírez Santigosa, así como el ex director de Medio Natural Carlos Brugarolas y el profesor de la Universidad de Almería Francisco Gómez Mercado. También están citados, además de Pedro Gil y Ramón Román, el jurídico Manuel Gil Quiles y el funcionario Fernando Roca Guillamón.
Todos ellos pasaron ya por el despacho del fiscal jefe durante la investigación desarrollada por López Bernal, previa a la presentación de la querella contra cinco ex altos cargos de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y un concejal popular de la localidad.
Fue precisamente en la comparecencia del concejal socialista Ramón Román cuando salió a la luz el presunto soborno. Tras la denuncia de Román, el fiscal jefe inició una investigación independiente de las irregularidades advertidas durante el proceso de recalificación de la finca, situada en un paraje de la Sierra de la Almenara declarado Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Esta segunda investigación acabó en una querella por un presunto delito de cohecho que fue admitida a trámite por el mismo juzgado de instrucción.
Este órgano judicial ya ha citado a declarar a los siete implicados en la investigación paralela. El ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, la ex directora de Medio Natural, Encarna Muñoz, el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero, y el ex subdirector general de este mismo departamento pasaron a declarar ante el responsable de la instrucción a finales del pasado mes de septiembre. Junto a ellos también declararon el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura José López. Todos ellos están imputados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
