El acuerdo entre PP, PSOE e IU se vio precedido de un debate en el que el diputado regional del PP, Juan Morales, pidió que el Gobierno central "despeje las dudas en la ejecución de esas obras que señalan que en 2011 habrá un tercer carril entre Orihuela y Alhama".

Por su parte, la diputada socialista Teresa Rosique consideró que estas peticiones del PP se producen al mismo tiempo que se intenta lastrar la ejecución de proyectos del Estado en al Región que beneficiarán a los ciudadanos, por motivos electorales.

El portavoz de IU, José Antonio Pujante, que estuvo de acuerdo en la moción, advirtió no obstante que la proliferación de carreteras puede consolidar un modelo de desarrollo que no es sostenible y al que se opone su coalición.

ADAPTACIÓN DE A LEY ESTATAL DE MEDIO AMBIENTE.

El Gobierno regional aprobará, a principios de noviembre, los instrumentos legales para aplicar la ley estatal 9/2006 sobre evaluación de planes y programas en el medio ambiente, para adaptarla a la Región de Murcia, según explicó Amador López García.

Este diputado aseguró que también se redactará otro decreto para completar esa aplicación, en contestación a la diputada socialista, María del Carmen Moreno, que solicitó a la Dirección General de Calidad Ambiental que acabe con el "gran desconcierto" de Ayuntamientos y otros departamentos del Gobierno regional y les informe de cómo aplicar la evaluación ambiental de planes y programas que aparece en la norma estatal.

Moreno subrayó que "son muchas las comunidades autónomas que tienen adaptada la ley a sus particularidades" mientras en la Región de Murcia "la información ha sido nula, y la relación con los ayuntamientos, escasa e inconcreta".

José Antonio Pujante, de IU, pidió que sea una ley regional para aplicar la de ámbito nacional.

Por otra parte, el PSOE no consiguió sacar adelante la petición de que el Gobierno regional redacte un Plan de Juventud de la Región de Murcia ni la de que adapte a la particularidad regional los controles ambientales de la nueva ley estatal que evalúa el efecto de planes urbanísticos y de desarrollo en el entorno.

Los socialistas exigieron un programa elaborado "con participación de todos" en su elaboración y "con objetivos concretos a evaluar para mejorar la calidad de vida y los servicios que se ofrecen a la juventud, según la moción de la diputada socialista, María González.

Pujante, de IU, coincidió en la necesidad de un plan que dé salidas a los jóvenes en cuanto al acceso al empleo y a la vivienda y en cuya redacción prime el consenso con todos los colectivos juveniles.

El diputado del PP Víctor Manuel Martínez consideró contradictoria la posición de la oposición que quiere ahora un plan de juventud, sin esperar al reglamento de aplicación de la ley recién aprobada, que primero pidieron y luego desecharon. "Una ley que contó con la participación de los consejos de la juventud de las grandes capitales, que representan más a los jóvenes que el consejo regional, que parece más dedicado a otras cosas".