Los directivos de las empresas murcianas que integran el Círculo de Economía reclaman al Gobierno regional el desbloqueo de los proyectos urbanísticos que están paralizados en la Administración regional desde que se inició la disputa urbanística. La asociación, que está presidida por el ex director provincial de La Caixa en Murcia, Eusebio Ramos, advierte de que la "difusión de opiniones e imágenes negativas del sector de la construcción" pueden "crear un falso ambiente de corrupción generalizada, que podría dañar gravemente la buena imagen y la credibilidad de nuestras instituciones y de nuestra economía". Los directivos dejan claro que "la denuncia de las posibles irregularidades y delitos punturales" no debe convertirse en "un lastre añadido a las nuevas dificultades que plantea la actual coyuntura económica".

Las propuestas que hacen los ejecutivos de los grandes grupos empresariales de la Región coinciden en gran parte con las reivindicaciones que los empresarios de la construcción y la propia patronal CROEM vienen planteando desde hace finales de 2005, cuando se inició el debate sobre el desarrollo urbanístico, mucho antes de que empezara la batalla electoral previa a los comicios municipales y autonómicos del pasado 27 de mayo.

El presidente del Círculo de Economía espera que la iniciativa de la asociación "sea un revulsivo para que todos miremos más por los intereses generales que por los particulares, que miremos el bosque en vez del árbol".

Por su parte, el vicepresidente, José García Caballero, que es también vicepresidente de la Asociación de Promotores, dijo que "la responsabilidad de poner fin al fuego cruzado que está perjudicando al sector en mercados como el de Reino Unido atañe a todos los partidos".

El Círculo de Directivos, que está integrado por ejecutivos de las principales empresas de la Región y de las entidades financieras, advierte de que en la actual situación económica, en referencia al parón que está produciéndose en la construcción, introduce "nuevas expectativas e incertidumbres que justifican una especial atención de las instancias políticas y sociales".

"Las circunstancias aconsejan no dilatar por más tiempo la normalización definitiva de un sector extraordinariamente sensible. Es el momento ahora", dejan claro los directivos murcianos.

Entre las medidas que consideran más urgentes figura "el desbloqueo administrativo de los proyectos urbanísticos y la posterior agilización. Ninguna circunstancia externa ni contexto político o social ajeno a la estricta aplicación y desarrollo de las leyes debería impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos como administrados".

También consideran necesario que los partidos mayoritarios se sienten a negociar cómo se adapta la Ley del Suelo regional a la reforma estatal que entró en vigor el pasado mes de julio. Las empresas de la construcción consideran que la reforma estatal ocasiona un gran perjuicio a los promotores al obligarles a valorar como rústicos los terrenos que se proponen urbanizar hasta el momento en que concluya el proceso de recalificación. También proponen que se llegue a un consenso sobre la aplicación de la nueva evaluación ambiental estratégica.