El Consejo Económico y Social rechaza la subida que la consejería de Agricultura y Agua pretende introducir en el canon de saneamiento que pagan las empresas a través de un reglamento que desarrolla el decreto en vigor. El CES destaca que los cambios introducidos en el sistema de cálculo de las tarifas puede llegar a multiplicar por ocho la cuota a pagar si los vertidos de una industria al alcantarillado superan la contaminación permitida en dos controles sucesivos. En su dictamen, reprocha a la Consejería su "afán recaudatorio" y concluye que con el nuevo tratamiento "el canon de saneamiento parece convertido más en un instrumento adicional de sanción de las infracciones medioambientales que en un medio con el que generar recursos destinados a invertir en la protección medioambiental".
La consejería de Agricultura y Agua ha remitido al CES el borrador del decreto de Reglamento del Canon de Saneamiento de la Región, que adapta la aplicación de este tributo a la nueva Ley General Tributaria.
Están obligados a pagar este canon las empresas y las familias que vierten aguas residuales al alcantarillado. Se compone de una tarifa fija y de otra variable, que aumenta en función del volumen de vertidos que alcanzan las viviendas o las industrias. La recaudación se destina a sufragar el mantenimiento de las depuradoras de aguas residuales que gestiona la entidad pública Esamur.
La consejería de Agricultura y Agua ha eludido pronunciarse sobre las críticas del CES al anteproyecto de Reglamento y se ha limitado a recordar que el borrador está aún en fase de consulta y que no es definitivo. La Consejería considera además que el debate sobre el canon de saneamiento no debe realizarse en la prensa.
Los cambios introducidos en el Reglamento establecen subidas en el canon de saneamiento para las empresas que, según indica el CES en su dictamen, duplican la base imponible vigente y que pueden llegar a multiplicar la cuota resultante por ocho si los vertidos industriales superan en dos controles sucesivos los parámetros autorizados, al aplicar "el máximo coeficiente previsto legalmente" . El CES rechaza estas subidas y apunta que "persiguen exclusivamente convertir el impuesto en una nueva herramienta sancionadora de las infracciones medioambientales con la que acrecentar la recaudación de forma quizá desproporcionada, aunque el impacto real se desconoce por la falta de información del expediente". Reprocha a la Comunidad Autónoma "el afán recaudador, que sobrepasa ampliamente el objetivo pretendido por el canon", para concluir que "el canon de saneamiento parece convertido más en un instrumento de sanción adicional de las infracciones medioambientales que en un medio para generar recursos con los que invertir en la protección medioambiental".
