La Asociación de vecinos de Santa Ana lleva a la Entidad de Conservación a la Fiscalía de Cartagena

La Asociación de Vecinos del Polígono Santa Ana anunció este miércoles la presentación de sendas denuncias ante la Fiscalía de Área de Cartagena y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas relacionadas con el funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Santa Ana, la tutela ejercida sobre ella por el Ayuntamiento de Cartagena y la utilización, justificación, seguimiento y control de fondos públicos municipales.

El presidente de la asociación, Pedro Luis Ros, insiste en que estas actuaciones “no suponen acusar a ninguna persona de haber cometido un delito ni afirmar que exista responsabilidad contable”, sino solicitar que los órganos competentes investiguen, obtengan la documentación necesaria y determinen si las actuaciones desarrolladas durante los últimos años se han ajustado a la legalidad.

Entre las cuestiones puestas en conocimiento del Tribunal de Cuentas se encuentran las subvenciones municipales de 175.000 euros anuales concedidas a la Entidad durante 2023, 2024 y 2025, que suman al menos 525.000 euros.

La Asociación considera necesario determinar con precisión qué gastos son sufragados mediante cuotas obligatorias de los propietarios, cuáles mediante subvenciones municipales, qué servicios son prestados directamente por el Ayuntamiento y si existe una separación y trazabilidad suficientes entre las distintas fuentes de financiación.

Uno de los principales problemas económicos denunciados por Ros es la elevada morosidad acumulada, ya que la propia Entidad informó en junio de 2025 de una deuda aproximada de 1.790.000 euros, atribuyendo la mayor parte al Centro Comercial, que dejó de abonar sus cuotas en 2011 y hasta la fecha.

Según la documentación actualizada que maneja la asociación, el volumen total de recibos impagados supera actualmente los 2.000.000 de euros. La asociación reclama conocer qué efecto tiene esta situación sobre los propietarios que sí pagan regularmente sus cuotas y cuestiona especialmente la existencia recurrente de una partida anual presupuestaria denominada 'Dudoso cobro', dotada con 100.000 euros unos años y otros con diferentes importes. “Dos millones de euros en recibos impagados son una cifra completamente inasumible para una Entidad de estas características. Los vecinos que cumplen sus obligaciones tienen derecho a saber si están soportando, directa o indirectamente, las consecuencias económicas de quienes no pagan”, insiste el representante vecinal.

Además, solicitan la disolución de la Entidad mediante una transición planificada con la creación de una mesa de trabajo con el Ayuntamiento, Urbanismo, los servicios jurídicos municipales, la Comunidad Autónoma cuando resulte necesario y la propia Entidad de Conservación para establecer un calendario.

Por su parte, fuentes municipales señalan que como reconoce la propia asociación, no ha detectado ningún delito concreto ni acusa a ninguna persona de haberlo cometido, "lo que ha hecho es pedir a la Fiscalía que revise determinada documentación, por lo que estaremos atentos a las decisiones que adopte".

Asimismo, sobre la disolución de la Entidad de Conservación, no es una decisión discrecional del Ayuntamiento. Corresponde a la propia Entidad iniciar, en su caso, el expediente de disolución y alcanzar el acuerdo por la mayoría absoluta de sus miembros, según lo previsto en sus estatutos, aprobados por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, por tanto, no puede acordar su disolución.

"La Entidad nunca ha iniciado ese procedimiento, tampoco durante el periodo en el que el actual presidente de la Asociación de Vecinos fue secretario de la Entidad de Conservación", explican.

En cuanto a las aportaciones municipales, todas las subvenciones concedidas a la Entidad están sometidas a los procedimientos de justificación correspondientes y a la supervisión de la Intervención municipal.

"La voluntad del Gobierno municipal es seguir colaborando en el mantenimiento de los servicios del Polígono Santa Ana y actuar dentro del marco legal y estatutario que regula la Entidad", concluyen.

Basuras y seguridad privada

Asimismo, Rosa resaltó que "somos muy conscientes de que hay muchos propietarios en el Polígono Santa Ana que apuestan muy fuerte por mantener la vigilancia privada y la gestión de residuos urbanos a través de un sistema neumático, pero ninguno de ellos forma parte del objeto social de los estatutos de la Entidad Urbanística, por lo que no pueden ser repercutidas cargas económicas al respecto".

La gestión de los residuos es una competencia exclusivamente municipal por lo que la Entidad no debería de estar gestionando este servicio que es el que mayor importe supone en los presupuestos.

Además, esta Asociación alerta del mal estado de conservación de las líneas subterráneas enterradas, a seis metros de profundidad, y que son utilizadas para transportar a 170 km/h las bolsas de basura hasta la central. "Creemos que podrían estar contaminando el subsuelo y el acuífero cuaternario al inyectar los lixiviados de las basuras, con metales pesados muy contaminantes, mientras realizan el viaje hasta la planta de compactación, estos lixiviados podrían llegar incluso hasta el Mar Menor. Grietas de gran tamaño y hasta boquetes de considerable envergadura podrían ser los causantes y es que la planta se diseñó para una duración de 20 años y ya tiene mas de 36, al final es una instalación parcheada que ya da signos del final de su vida útil", explicó Ros.

Por otro lado consideran que un equipo de seguridad privada armado no está justificado en una zona que está considerada zona urbana, donde las competencias en seguridad las tiene Policía Local y Guardia Civil, "el Polígono Santa Ana no cumple con los requisitos para tener un servicio de seguridad, ni la zona se encuentra alejada de la ciudad, ni está vallada, ni perimetrada, ni se controla el acceso a ella porque es completamente pública, y no forma parte este servicio de las competencias en materia de mantenimiento urbanístico al que está obligada la Entidad de Conservación, y sus propios estatutos no lo contemplan ni el objeto social de los mismos tampoco".