Arroyo denuncia que Interior ha convertido la costa de Cartagena en un "coladero" para las mafias

Cartagena se convierte este jueves en el epicentro de la acción política en la lucha contra la inmigración irregular, puesto que el Palacio Consistorial acoge un Consejo de Gobierno extraordinario. Tras la sesión, la alcaldesa del municipio, Noelia Arroyo, y el presidente autonómico, Fernando López Miras, mantendrán una reunión de trabajo con los representantes de los sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para analizar la situación, evaluar las carencias operativas de las plantillas y exigir conjuntamente al Gobierno central el despliegue inmediato de medios técnicos y humanos que permitan proteger la frontera marítima y garantizar la seguridad.

Lo anunció la propia regidora este miércoles, después de que se hubiera conocido la llegada de una tercera patera-taxi con cincuenta personas a las costas de la comarca en una semana. Arroyo calificó de "inadmisible y preocupante" la llegada masiva e ininterrumpida de embarcaciones de alta velocidad. En este sentido, criticó la inacción del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno por negar la realidad y no dotar de los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), convirtiendo la Región de Murcia y el litoral cartagenero en un "coladero" operado con "impunidad" por las mafias de tráfico de personas.

Según denunció —e informó este periódico—, las lanchas desembarcan en la costa y regresan a alta mar sin ser interceptadas ni detenidas debido a la falta de patrulleras y recursos operativos de la Guardia Civil. Arroyo advirtió de que la única embarcación disponible no reúne las condiciones adecuadas y que la falta de capacidad operativa está dejando "vendidos" a los agentes.

Asimismo, la regidora denunció la falta de explicaciones sobre el destino de los migrantes que llegan a la zona y la sobrecarga que sufre el municipio al albergar tanto el CATE como el CAED en el Hospital Naval. Esta situación provoca que "muchas de las personas llegadas acaben desamparadas en las calles, lo que obliga al Ayuntamiento de Cartagena a intervenir de emergencia a través de la Policía Local y los Servicios Sociales para atender llamadas vecinales y paliar las consecuencias de esta gestión estatal".