Paralizadas las obras de La Morería en Cartagena por la toma de muestras del Seprona

Los romanos, no los actuales habitantes de la capital italiana sino la civilización que luchó contra los carthagineses por el control del Mediterráneo, se han convertido en una nueva piedra en el zapato del Gobierno Local, ya que la presencia de restos de plomo provenientes de sus labores en calle Morería ha provocado que un juez paralice las obras de acondicionamiento que el Ayuntamiento está realizando, más de un año después de haberlas anunciado y con advertencia expresa de la alcaldesa a los colectivos que intentaran frenarlas sobre sanciones económicas.

El juzgado de Instrucción de Cartagena ordenó el cinco de junio paralizar las obras de la calle Morería en Cartagena para realizar una inspección ocular y reconocimiento judicial con toma de muestras por parte del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), instando a este cuerpo a tomar especiales precauciones por la posible implicación de Administraciones Públicas en los delitos denunciados y que se están investigando.

Este lunes un equipo de la Benemérita acompañado por una delegación judicial ha acudido hasta la zona, donde una empresa concesionaria está realizando las obras subcontratadas por el Ayuntamiento de Cartagena, para tomar las muestras requeridas por el juzgado.

La Asociación Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete presentó una denuncia fundamentada en cuatro extremos concurrentes: la previsión expresa de movimientos de tierra, excavaciones, acopios, transporte y gestión externa de materiales; la clasificación apriorística de las tierras y pétreos de excavación como residuos no contaminados, y destino a restauración o vertedero; la existencia de indicios analíticos objetivos y muy significativos de contaminación histórica por plomo en el mismo sistema urbano-lagunar Almarjal-Molinete, con valores extraordinariamente elevados; y la ausencia, en la documentación examinada, de una caracterización específica del material realmente afectado por la obra y de una evaluación preventiva singularizada del riesgo químico para trabajadores y terceros.

Asimismo, la asociación recuerdan que no hubiera sido necesaria la actuación judicial si el Ayuntamiento hubiera eliminado del proyecto cualquier movimiento de tierras, que prevé para meter soterrado cableado eléctrico y de telecomunicaciones, en una zona de alto interés arqueológico como es el barrio artesanal y portuario romano.

De hecho, antes de denunciar en el juzgado y en el Seprona, la Coordinadora pidió al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma que, conforme a la legislación vigente, hicieran una caracterización del suelo con carácter previo a iniciar las obras, pero sus peticiones fueron ignoradas.

Este colectivo subraya que "incluso llegamos a tener que aguantar amenazas de Arroyo por el simple hecho de velar por el interés de los cartageneros, y por una preocupación que según el proceder del juez, parece estar suficientemente fundado".

"La obra de la Morería es un atentado contra el patrimonio histórico y probablemente también contra el medioambiente y la salud, que no ha sido consensuada con nadie y nunca debía de haberse ni planteado", recalca la portavoz de la Coordinadora del Molinete, María Luisa Conesa.

Mientras la autoridad judicial ha acordado la suspensión de las actuaciones y el Seprona procede a la toma de muestras, “la alcaldesa prefiere amenazar a quienes han denunciado la situación en lugar de explicar por qué el Ayuntamiento omitió trámites imprescindibles. La realidad es que existían indicios suficientes para exigir la caracterización de estas tierras de excavación antes de proceder a su eliminación o a cualquier proceso de valorización”, denuncia el concejal socialista Pedro Contreras.

Para Contreras "esa obligación no nace de un capricho de colectivos ciudadanos ni de una estrategia política de la oposición, sino de la necesidad de garantizar la protección de la salud pública, el medio ambiente y el patrimonio arqueológico".

“Sin embargo, el Gobierno municipal decidió actuar sin las garantías necesarias y han tenido que ser los tribunales quienes frenen unas actuaciones que nunca debieron iniciarse en esas condiciones”, insiste el concejal socialista

Según Contreras, resulta especialmente grave que Arroyo se dedique a “lanzar amenazas de reclamaciones económicas contra quienes han ejercido un derecho legítimo al acudir a los tribunales. Una actitud impropia de quien ostenta la máxima responsabilidad institucional de la ciudad y que evidencia una alarmante incapacidad para aceptar el control judicial de sus decisiones”.

La salud de los vecinos, la protección del patrimonio y el cumplimiento de la ley deberían estar por encima de cualquier cálculo político, para el PSOE, pero “por desgracia, los hechos vuelven a demostrar que esa no es la prioridad de la alcaldesa”.

Mientras desde MC señalan que con Jesús Giménez Gallo al frente, llevan años defendiendo la ampliación del parque arqueológico, la creación de un acceso aterrazado a la cima del Molinete y la recuperación integral del entorno del Palacio de Asdrúbal, "el PP continúa avanzando en la dirección contraria".

"Cada paso que da el Gobierno municipal acerca ese cerro a las hormigoneras y lo aleja de la protección y puesta en valor que merece uno de los espacios arqueológicos más importantes del municipio", explica la edil Mercedes Graña.

"El propio avance de la revisión del Plan Especial, presentado esta misma semana, reconoce que el casco histórico necesita más espacios libres, pero, sin embargo, el Gobierno municipal sigue empeñado en promover actuaciones cuyo objetivo final parece ser preparar el terreno para seguir construyendo donde Cartagena necesita patrimonio, cultura y espacios para sus vecinos", cuestiona Graña.

"Si finalmente se demuestra que no se adoptaron correctamente las medidas de protección, seguridad o control exigibles para licitar y ejecutar esta actuación, Arroyo y Braquehais deberán asumir responsabilidades políticas inmediatas", exige la concejal, añadiendo que "no sería aceptable que quienes han liderado esta intervención pretendieran eludir las consecuencias de una actuación irregular".