La Justicia exonera penalmente a Cartagena Parque por los suelos contaminados de Torreciega

Durante años, el antiguo complejo industrial de Zinsa ha permanecido como una herida abierta junto a los barrios de Cartagena. Ahora, la vía penal queda prácticamente clausurada. La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el archivo provisional de la causa sobre los suelos contaminados de Torreciega y ha despejado el camino judicial que pesaba sobre Cartagena Parque, actual propietaria de los terrenos. Sin embargo, la resolución no apaga el conflicto. Mientras el Gobierno regional interpreta el auto como un aval a su estrategia para lograr la descontaminación definitiva, los vecinos denuncian que siguen conviviendo "día a día" con emisiones y residuos tóxicos y anuncian que mantendrán la batalla en Europa.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha ratificado el auto dictado el pasado 30 de abril por el Juzgado de Instrucción número 5 y ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Torreciega. La Sala concluye que no existen indicios suficientes para atribuir a Cartagena Parque delitos contra el medio ambiente recogidos en el Código Penal.

El tribunal recuerda que la empresa adquirió los terrenos en 2018, cuando ya habían sido declarados oficialmente suelos contaminados mediante una resolución administrativa de 2009. Por ello, subraya que la mercantil "no siendo causante de tal contaminación" asumió únicamente la obligación de descontaminar como propietaria posterior de la parcela.

La Audiencia sostiene además que desde la adquisición de los terrenos "no se han realizado emisiones o vertidos" y que las actividades contaminantes cesaron años antes. Los magistrados descartan igualmente que pueda imputarse un delito por omisión, al considerar que Cartagena Parque no tenía la "posición de garante" exigida legalmente porque no era titular de los terrenos cuando se produjeron los vertidos ni tenía relación con la antigua empresa responsable.

La resolución también recoge que la mercantil había adoptado diversas actuaciones para cumplir con las obligaciones administrativas derivadas de la descontaminación, como el vallado de la zona, la instalación de sistemas disuasorios para aves o la presentación de proyectos técnicos ante la Comunidad Autónoma.

En paralelo, la Sala rechaza las alegaciones de indefensión planteadas por la asociación vecinal por la falta inicial de incorporación de determinados informes periciales al expediente digital. Según el auto, correspondía a la propia parte recurrente presentar correctamente la documentación a través del sistema LexNET.

El tribunal insiste además en que los posibles riesgos actuales para la salud pública o el medio ambiente "podrían ser objeto de otro tipo de responsabilidad, civil o administrativa, pero no de responsabilidad penal". En la misma línea, descarta indicios de prevaricación administrativa por parte de la Administración autonómica y advierte de que "la investigación penal no puede convertirse en prospectiva".

La Audiencia recuerda igualmente que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ya confirmó el pasado febrero la legalidad de la resolución administrativa que declaró a Cartagena Parque responsable subsidiaria de la descontaminación de los terrenos. El auto deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas en la pieza penal separada, aunque matiza que ello no exime a la empresa de las obligaciones administrativas que le correspondan como titular de un suelo contaminado.

La valoración de la Comunidad Autónoma

El Gobierno regional recibió el auto como un respaldo explícito a su actuación. El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, aseguró que la resolución "respalda y avala la hoja de ruta del Gobierno regional" para resolver el problema ambiental de los terrenos de Zinsa.

Mata destacó dos aspectos fundamentales del pronunciamiento judicial. Por un lado, la anulación de las medidas cautelares acordadas en la vía penal, una decisión que, afirmó, comparten desde la Consejería porque consideran necesario alcanzar "una solución definitiva y técnicamente rigurosa". Por otro, celebró que la Audiencia confirme la legalidad de la resolución administrativa que declaró a Cartagena Parque responsable subsidiaria de la descontaminación.

"Esto supone que el Gobierno regional tiene vía libre para exigir a la empresa una solución definitiva que permita retirar todos los materiales contaminantes de la parcela y devolver esos terrenos limpios a la ciudad de Cartagena", sostuvo.

La Comunidad Autónoma defendió además que lleva años actuando sobre este expediente mediante requerimientos y controles ambientales. Según recordó Medio Ambiente, durante 2025 se obligó a la empresa a retirar 1,3 millones de litros de residuos líquidos, de los cuales medio millón correspondían a residuos peligrosos. Posteriormente, se emitió un nuevo requerimiento para retirar 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes, una obligación cuyo incumplimiento derivó en un expediente sancionador con una propuesta de multa de dos millones de euros.

Los vecinos mantienen la presión

La lectura vecinal del auto dista mucho de la institucional. Pedro Gálvez, miembro de la Plataforma de Afectados por Suelos Contaminados y vecino de Torreciega, lamentó que las medidas cautelares acordadas en su día "no se han cumplido" y denunció que los residentes continúan expuestos a la contaminación.

"El problema es que seguimos igual, sin medidas concretas y sin que nadie ponga encima de la mesa una solución", aseguró. Gálvez rechazó además la afirmación judicial de que no exista nueva contaminación desde 2009. "Es mentira. Hay contaminación por aire en todos los barrios y seguimos vertiendo al Mediterráneo toneladas de residuos", afirmó.

El portavoz vecinal sostiene que el conflicto ha llegado a un "punto muerto" después de que la Dirección General de Medio Ambiente rechazara la propuesta de confinamiento del vertedero planteada por la empresa y exigiera la retirada total de los residuos. "Los vecinos seguimos siendo envenenados día a día", denunció.

Con la vía penal prácticamente agotada, la plataforma mantiene ahora sus esperanzas en Europa. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió recientemente mantener abierta la petición presentada por los vecinos sobre el vertedero de Torreciega, pese al voto en contra del Partido Popular Europeo.

El eurodiputado socialista Marcos Ros defendió entonces que las instituciones comunitarias continúen vigilando un caso que, aseguró, afecta directamente a la salud pública y al medio ambiente. "Estamos hablando de familias que conviven con polvo contaminado y materiales peligrosos", advirtió.

La continuidad del procedimiento en Bruselas permite que el caso siga bajo observación comunitaria mientras el conflicto entre administraciones, empresa y vecinos continúa abierto más allá de los tribunales penales.