Vox Cartagena se rearma en su cruzada contra los "tránsfugas"

Si hay un lema que llevan semanas repitiendo desde Vox Cartagena, y con toda probabilidad van a seguir repitiendo es que Sánchez del Álamo y Salinas son "tránsfugas", y no van a permitir que se vean beneficiados, de forma alguna, bajo ningún concepto.

El Diccionario Panhispánico Jurídico, creado y editado por la Real Academia Española (RAE) en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) define a un tránfuga como la "persona que, con un cargo público, no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”.

Según la formación de Abascal, esta descripción encaja "letra por letra, con la situación de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, quienes mantienen su acta de concejal pese a haber formalizado su baja de Vox, formación con la que se presentaron a los comicios de Cartagena en mayo del 2023".

"Esta circunstancia contraviene el Pacto Antitransfuiguismo —suscrito por las principales fuerzas políticas— y los más elementales principios de calidad democrática", argumentan desde Vox para a la hora de presentar una moción en defensa de la estabilidad institucional y en contra de esta artimaña política, "convertida de facto en el mejor mecanismo para mantenerse en el cargo y percibir la nómina a la que este da derecho".

Así de contudente se mostró el vicealcalde y líder de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, en una comparecencia junto al portavoz del partido a las puertas de la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Diego Lorente.

"Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la existencia de situaciones que pueden ser encuadradas dentro de este fenómeno, lo cual genera una legítima preocupación sobre la estabilidad institucional y el respeto a la voluntad democrática”, afirmó López Pretel, quien considera "necesario y urgente que el Pleno adopte una posición clara y firme en defensa del marco jurídico que regula nuestro sistema político. Confío en recibir el voto unánime de todos los concejales, salvo el de aquellos que se sientan concernidos”.

Con esta iniciativa, “VOX solicita que el resto de grupos se reafirmen en su compromiso con la defensa de la estabilidad institucional y la integridad democrática”, ha explicado el vicealcalde de Cartagena. Asimismo, ha insistido en que los concejales que abandonen la formación con la que concurrieron a las elecciones, “deberán tener la consideración de no adscritos y, por tanto, estar sujetos a las limitaciones previstas en la Ley de Bases de Régimen Local”.

Unas restricciones que la moción recoge expresamente: los ediles considerados tránsfugas no podrán disponer, en ningún caso, ni directa ni indirectamente, de medios materiales, personales o económicos adicionales —incluyendo asesores, personal de apoyo o cualquier otro recurso— ni recibir apoyo institucional, organizativo o administrativo alguno que suponga una equiparación con los derechos, recursos o estructura propios de los grupos municipales, los cuales están reservados exclusivamente para el desarrollo propio de su actividad.

Por su parte, Martínez Alpañez, denunció este miércoles la “grave irresponsabilidad política” del Partido Popular tanto en la gestión parlamentaria como en el trato a los "tránsfugas" en las distintas instituciones de la Región de Murcia. "

Tanto en el Ayuntamiento de Cartagena como en la Asamblea Regional se les está poniendo alfombra roja”, protestó, aludiendo a la elaboración de un reglamento del Grupo Mixto, que “está diseñado exclusivamente para beneficiarles, dándoles privilegios, preferencia y recursos económicos”.

“Se les está dotando de medios y de financiación para que puedan ejercer una actividad que, seguramente, ya tengan pactada por otro lado”, añadió, calificando esta situación como un deterioro de las reglas democráticas y del funcionamiento institucional.