Arroyo presumió de un informe jurídico sobre los sueldos de los concejales hecho ad hoc dos días después

2 días. 48 horas. 2.880 minutos. 172.800 segundos. Ese es el tiempo transcurrido entre las declaraciones de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, afirmando que "hay un informe jurídico que lo dice" y la firma de dicho informe por parte de la directora de la Oficina de Gobierno Municipal. La Opinión reveló el pasado 6 de mayo la instancia registrada por la la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral en la que solicitaban que se revise la situación jurídica, funcional y retributiva de los concejales afectados por los cambios organizativos.

En concreto se trata de Diego Salinas, Beatriz Sánchez del Álamo, Belén Romero y Pablo Braquehais, quienes son retribuidos como concejales de área, con más de 64.000 euros anuales, sin estar dentro de la Junta de Gobierno. La federación vecinal basa su instancia en que según el Reglamiento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cartagena, "son concejales de área aquellos miembros de la Junta de Gobierno" y son concejales delegados como "aquellos que no forman parte de la Junta de Gobierno".

El mismo día de su publicación la alcaldesa se apresuró a asegurar que "la opinión que realmente importa es la de los servicios jurídicos y los informes jurídicos, así lo dicen", para añadir "hay un informe jurídico que lo dice". Sin embargo, el Ayuntamiento desvela este lunes que dicho informe, en el que se considera ajustada al Reglamento Orgánico la actual estructura del Gobierno aunque cuatro de sus titulares no formen parte de la Junta de Gobierno, fue firmado por la directora de la Oficina de Gobierno Municipal dos días después de las declaraciones de Arroyo, el 8 de mayo.

Según la letrada, "no existe obligación legal ni reglamentaria de que el número de áreas de Gobierno coincida con el número de miembros de la Junta de Gobierno Local".

El portavoz del Partido Popular, Ignacio Jáudenes, defiende que "han querido crear una sombra de sospecha donde solo hay organización, legalidad y continuidad en la acción de gobierno".

Por su parte, MC considera muy preocupante "el supuesto informe emitido para intentar avalar la actual estructura del Gobierno", documento además que han solicitado y todavía no han recibido.

"Lo que hoy vive el Ayuntamiento no es una reorganización ordinaria del Gobierno, sino una evidente crisis de gobierno derivada de la ruptura interna del ejecutivo y de la incapacidad de Arroyo para mantener una estructura política estable y coherente. Por eso resulta todavía más grave que la alcaldesa pretenda fiar ahora su supervivencia política a un informe fechado el 8 de mayo, elaborado dos años y medio después de que comenzaran las decisiones y cambios cuya legalidad venía defendiendo públicamente", afirman desde la formación de Giménez Gallo.

Desde MC defienden que el Reglamento diferencia claramente entre concejales delegados y de área, reservando esta última condición para quienes forman parte de la Junta de Gobierno Local, "la alcaldesa pretende ahora es construir una categoría intermedia inexistente en el Reglamento, una especie de limbo jurídico y político creado exclusivamente para intentar mantener una estructura de gobierno diseñada no en función de los equilibrios internos y la supervivencia política de su ejecutivo".

"Arroyo vuelve a actuar desde la improvisación, intentando trasladar responsabilidades a terceros y utilizando los servicios jurídicos municipales para justificar a posteriori decisiones políticas previamente adoptadas", aseguran tajantes.

Desde MC siguen sin descartar ninguna vía "en defensa de la legalidad, la transparencia institucional y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Torres, considera “muy grave” que el Gobierno "siga ocultando ese informe a los grupos de la oposición pese a haber sido solicitado formalmente".

“Es increíble escuchar a Jáudenes hablar de transparencia y de legalidad cuando el único grupo que ha visto el informe es el PP. Nosotros lo hemos pedido y siguen negándose a remitirlo mientras lo utilizan para atacar políticamente a la oposición”, señala.

Torres vuelve a denunciar que toda esta reorganización responde exclusivamente a “una operación política para mantener artificialmente un Gobierno roto y en descomposición” mediante el reparto de áreas, competencias y estructura municipal “para contentar a concejales de su propio Gobierno”.

Además, a su juicio "es llamativo que los argumentos que explica el Gobierno municipal no contradice absolutamente nada de lo denunciado por los vecinos y los distintos grupos municipales".

Igualmente cuestionan que "el supuesto informe al que ahora se aferra el PP tiene fecha 8 de mayo, es decir, posterior a las declaraciones públicas de la propia alcaldesa asegurando que ya contaba con ese aval jurídico".

“Arroyo dijo públicamente que los cambios en el Gobierno municipal ya tenían informe jurídico. Hoy sabemos que el documento que utiliza el PP está fechado el 8 de mayo. Es decir, cuando aseguró que ese informe existía, todavía no estaba emitido”, denuncia Torres.

El dirigente socialista recuerda además que “no es la primera vez que decisiones relacionadas con la organización del Gobierno municipal son cuestionadas judicialmente y los criterios municipales resultan tumbados por los tribunales”.

"Ya existe una sentencia relacionada con decisiones adoptadas durante la pasada legislatura sobre la composición y funcionamiento del Gobierno municipal. Por eso preocupa especialmente que vuelvan a producirse reorganizaciones hechas a medida para garantizar equilibrios internos y salvar un Gobierno que hace tiempo perdió el rumbo”, advierte.

Por ello, el portavoz socialista anuncia que el PSOE se reserva la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa "si el Gobierno municipal continúa ocultando documentación e información a la oposición".

“Mientras Cartagena sigue perdiendo oportunidades y acumulando problemas, Arroyo está centrada en mantener unido un Gobierno roto mediante repartos internos y maniobras políticas. Y todo eso lo pagan los cartageneros”, sentencia Torres.