MC, PSOE y Vox piden estudiar el salario de los 4 concejales que no están en la Junta de Gobierno

La instancia interpuesta por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral, tal y cómo desveló La Opinión este miércoles, para solicitar a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que revise la situación jurídica, funcional y retributiva de los concejales afectados por los cambios organizativos de la Junta de Gobierno esta legislatura, a fin de verificar su adecuación al Reglamento Orgánico municipal, ha provocado una oleada de reacciones tanto en el gobierno como en la oposición. Se trata de Diego Salinas, Beatriz Sánchez del Álamo, Belén Romero y Pablo Braquehais, quienes perciben más de 64.000 euros anuales.

La propia Arroyo señala a preguntas de esta redacción que "esa Federación también hizo una alegación al presupuesto recurriendo la ampliación de la subida de sueldo de los funcionarios, que teníamos que aplicar por ley pese a no recibir la financiación necesaria para poder sufragar ese incremento".

Sin embargo, para la primera edil, "ahora se nos desmarca con este tema que, francamente, no tiene mucho sentido porque no son temas que afecten a las asociaciones de vecinos de Cartagena y Comarca".

"Se limita la representación en la Junta de Gobierno y la opinión que realmente importa es la de los servicios jurídicos y sus informes, que así lo dicen", defiende la regidora municipal.

Sin embargo, desde Vox consideran que es conveniente estudiar el reglamento y comprobar que la situación de los concejales se ajusta a la legalidad vigente, a fin de que no se produzcan situaciones de irregularidad.

Aunque, a su juicio, "lo que resulta evidente es que tanto Beatriz Sánchez del Álamo como Diego Salinas -exmiembros del partido de Abascal- no deberían disfrutar de ningún tipo de compensación o recursos de cualquier índole, humanos o económicos, que los sitúen en un escenario de privilegio. Así lo recoge el pacto anti-transfuguismo sellado por el Pleno".

La oposición pide los documentos referidos por la alcaldesa y, de hecho, MC exige que haga públicos todos los informes jurídicos, de Secretaría e Intervención, que avalan las retribuciones que vienen percibiendo los miembros del gobierno, especialmente la de los concejales cuya situación ha quedado bajo sospecha tras las dudas sobre si podían seguir cobrando como concejales de área pese a haber abandonado la Junta.

Desde MC recuerdan que no se trata de una cuestión menor, ya que afecta directamente al uso del dinero público y al cumplimiento del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento: "Los cartageneros no tienen por qué pagar los caprichos políticos, los apaños internos ni los equilibrios salariales de un gobierno en crisis permanente".

Por ello, advierten de que, en caso de detectarse cualquier irregularidad, deberá procederse a la regularización inmediata de la situación y, en su caso, al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

El portavoz socialista, Manolo Torres, denuncia que "Arroyo mantiene el sueldo a cuatro concejales de su Gobierno, que deberían cobrar 12.000 euros menos al año de lo que perciben actualmente, porque su única prioridad es mantenerse en el poder a toda costa”.

“La normativa es muy clara y no hay margen para el error. Sólo los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno son concejales de Área. El resto son concejales delegados y, por tanto, cobran menos. Pero la alcaldesa utiliza las arcas municipales para comprar la continuidad de su gobierno en descomposición, saltándose la ley, mientras sube los impuestos a los cartageneros. Es ilegal e intolerable”, afirma Torres.

Desde Sí Cartagena aseguran que "no podemos entender que el Gobierno municipal pueda estar utilizando su posición para hacer las cosas de forma que generen dudas o sospechas. Hablamos de dinero público y de normas que deben cumplirse sin excepciones".