Bajo sospecha las retribuciones de cuatro concejales tras salir de la Junta de Gobierno de Cartagena

12.000 euros. Esa es la difrencia salarial anual entre un concejal de área del Ayuntamiento de Cartagena y un concejal delegado, ambos integrantes del gobierno local pero el primero de ellos con voto en la Junta de Gobierno y el segundo no.

Precisamente, los cambios en el máximo organismo del Consistorio han llevado a muchos a cuestionar las características de los miembros que lo integran, sobre todo cuando para incorporar a Beatriz Sánchez del Álamo a esta mesa fue necesario que concederle una concejalía de área, con su correspondiente subida salarial, pero al abandonar este organismo pudo seguir conservando sus nuevas atribuciones y retribuciones.

Según el Reglamiento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cartagena, en su artículo 16 se recoge que "son concejales de área aquellos miembros de la Junta de Gobierno", mientras que el 17 define a los concejales delegados como "aquellos concejales que no forman parte de la Junta de Gobierno".

A esta la distinción, que hace la propia normativa municipal, se acoge la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral para solicitar, mediante una instancia general a la que ha tenido acceso La Opinión, que la alcaldesa, Noelia Arroyo, revise la situación jurídica, funcional y retributiva de los concejales afectados por los cambios organizativos referidos, a fin de verificar su adecuación al Reglamento Orgánico municipal.

Ya que al amparo de la ley,  "la condición de Concejal de Área se configura necesariamente sobre la base de la pertenencia a la Junta de Gobierno Local, siendo esta un elemento estructural e indisociable del cargo", exponen. "La pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno determina la imposibilidad de ostentar la condición de Concejal de Área, debiendo, en su caso, adecuarse la situación funcional y retributiva a la figura de Concejal Delegado, regulada en el artículo 17 del Reglamento", continúan argumentando.

Esta situación "podría estarse produciendo una situación contraria al ordenamiento jurídico y lesiva para los intereses económicos del Ayuntamiento de Cartagena", ya que las arcas municipales estarían sufragando salarios más altos de lo que les correspondería si fueran concejales delegados.

Asimismo, piden que en caso de apreciarse cualquier irregularidad, se adopten de forma inmediata las medidas necesarias para su regularización, ajustando tanto las funciones como las retribuciones al marco normativo vigente.

Por último, solicitan que si esto fuera así se inicien las actuaciones oportunas para la restitución al erario público de las cantidades indebidamente percibidas, evitando la consolidación de situaciones que puedan suponer un perjuicio económico para el Ayuntamiento, si bien no sería esta la primera legislatura en la que algún concejal se ha visto obligado, previa sentencia judicial, a devolver parte del sueldo percibido.

En concreto, cuatro serían los ediles que ostentan a día de hoy concejalías de área sin estar en la Junta de Gobierno: Diego Salinas, Beatriz Sánchez del Álamo, Belén Romero y Pablo Braquehais. Todos ellos perciben, en 14 pagas, más de 64.000 euros anuales, según se recoge en la propia web municipal.

Salinas y Sánchez del Álamo dejaron de tener sitio en la mesa del gobierno como consecuencia de su marcha de Vox, el primero de ellos el 4 de marzo y la segunda el 1 de abril, aunque sus salidas de la Junta se materializaron días después, de hecho la edil entró como reemplazo de Salinas.

Por su parte, Romero y Braquehais fueron miembros de la Junta desde junio de 2023 hasta noviembre de ese año cuando PP y Vox firmaron el pacto de gobierno que incluía la presencia de los de Abascal en la mesa, cuyos puestos son limitados, por lo que para que se incorporaran Salinas y López Pretel estos deberieron salir, siendo por tanto los dos ediles que más tiempo han cobrado como concejales de área sin tener voto en el organismo.