Lucas emplaza a la Comunidad a contestar al Seprona sobre grava contaminada en las obras del AVE a Cartagena

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, emplaza a la Comunidad Autónoma a contestar los requerimientos del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre si se está usando grava contaminada por metales pesados en las obras del AVE a Cartagena.

En su visita a las obras de la Alta Velocidad a su paso por Alhama de Murcia, Lucas se refería así sobre la posible utilización en la construcción de un puente en Pozo Estrecho, en el municipio de Cartagena, de grava extraída de una escombrera de Llano del Beal.

La Comunidad Autónoma ordenó la pasada semana la suspensión de las obras y recuerda que estas obras son de titularidad estatal, al ser un proyecto de Adif.

Preguntado por este asunto, el delegado del Gobierno recalca que "estamos actuando con seriedad, con rigor, con diligencia y sobre todo con mucha transparencia", y hizo hincapié en que la autorización de canteras y de extracción de materiales es "competencia exclusiva" de la Consejería de Industria y, por tanto, del Ejecutivo autonómico.

Lucas explica que el Seprona ha requerido la Comunidad Autónoma que aclare si la empresa constructora tenía autorización para extraer los materiales, si la cantera tenía todos los permisos para estar abierta y por tanto para ser explotada, y si en esa cantera "se depositaron residuos contaminados derivados de la construcción de la balsa Jenny, que es una obra de la Comunidad Autónoma".

Según Lucas, "a día de hoy, y la investigación se inició el pasado martes, el Gobierno de López Miras no ha dado respuesta a los requerimientos del Seprona".

Por ello, insta al Gobierno regional a que "desbloquee y dé respuesta inmediata a los requerimientos del Seprona y se pueda continuar con la investigación para esclarecer con la máxima transparencia y de forma inmediata a la denuncia presentada".

Lucas se ha planteado dos preguntas al respecto: si el Gobierno regional puede asegurar que no ha utilizado materiales de esa cantera para ejecutar obras de la Comunidad Autónoma y, en el caso de que se confirme que es en la cantera donde se depositaron residuos contaminados por la obra de la balsa Jenny, por qué esta cantera sigue abierta.

"Quien concede la autorización para explotar ahí una cantera es la Comunidad Autónoma y, por tanto, lo que tiene que hacer López Miras y todos los alcaldes del Partido Popular que están utilizando esto para generar alarma y confrontar con el Gobierno de España, es dar respuesta a los requerimientos del Seprona con total transparencia", remarca Lucas, añadiendo que "estamos hablando de un asunto grave".

Por su parte, el Gobierno regional exige "responsabilidades inmediatas al Gobierno de España tras constatar que las obras de construcción de la línea del AVE Murcia-Cartagena se están suministrando con materiales procedentes de una cantera que no cuenta con las necesarias autorizaciones" y solita que "se aclare de inmediato cuánto material sin certificar se ha instalado ya en las vías del tramo Torre Pacheco-Cartagena y que se garantice que no existe un riesgo para la seguridad".

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, pide a Lucas, que "no eche balones fuera" y afirma que el Gobierno regional está actuando "con celeridad y responsabilidad" en el marco de sus competencias.

Miralles explica que su departamento giró el viernes una inspección técnica a la cantera que, "pese a no contar con los permisos y las autorizaciones administrativas, suministraba de manera irregular a ADIF materiales destinados a las obras del AVE en el tramo Torre Pacheco-Cartagena".

"El Gobierno regional ha demostrado una celeridad absoluta clausurando la actividad de la cantera en menos de 24 horas desde que tuvo conocimiento de los hechos", manifiesta el director general de Minas, quien asevra que "sin nuestra actuación, el Gobierno de España seguiría hoy permitiendo la entrada de material sin autorización en el trazado del AVE".

Desde el Gobierno regional consideran "inaceptable" que el delegado del Gobierno "intente desviar la atención hacia trámites burocráticos ante un hecho de extrema gravedad, en el que se está utilizando material sin permisos ni control de calidad en las obras del AVE".

"La seguridad no es negociable y los ciudadanos deben saber qué tipo de control está llevando a cabo el Gobierno de España en una obra donde el Estado permite estas irregularidades", señala Miralles.