Un informe municipal en colaboración con la UPCT asegura la presencia de metales en la parcela de la Ciudad de la Justicia de Cartagena

La Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena denuncia la contaminación de la parcela municipal de la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena. Según el informe de Caracterización de suelos y residuos de una parcela municipal en la Diputación de El Hondon elaborado por un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena en 2022 se detectan niveles superiores a los límites máximos para declarar un suelo contaminado. En concreto de cadmio, mercurio, plomo, cobre y zinc en varias de las muestras de la parcela analizadas.

"Aparentemente las muestras de color gris oscuro, 2, 3 y 4, corresponden a acopios de escorias de fundición, que pueden proceder de las zonas colindantes donde se desarrollaban ciertas actividades extractivas como en la zona de Peñarroya (antigua fundición de plomo) donde se pueden encontrar materiales (residuos de color gris) muy semejantes en aspecto, características y concentraciones a los encontrados en la parcela", exponen en el informe.

En el documento continúan relatando que "la gestión de estos acopios puntuales de residuos debería ser a un vertedero de residuos peligrosos sin tratamiento previo, otros a los residuos que presentan altas concentraciones de plomo y zinc para su aceptación y depósito en vertedero de residuos peligrosos, por lo que deben ser tratados previamente o encapsulados para su aceptación en ellos".

Asimismo, denuncian "incompetencia manifiesta del Ayuntamiento de Cartagena para valorar la aptitud del suelo", ya que la declaración de aptitud del suelo para albergar edificaciones, cuando existen antecedentes de potencial contaminación, exige un procedimiento de investigación ambiental conforme a la norma en la que la Comunidad Autónoma es el único órgano competente para declarar o desclasificar un suelo como contaminado.

"El Ayuntamiento ha actuado ultra vires, invadiendo competencias que no le corresponden, lo que constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho conforme a la norma", señalan.

Además, cuestionan la "emisión de un informe técnico sin validez legal ni efectos jurídicos", ya que el documento en que se basa la declaración municipal de aptitud no ha sido elaborado por un laboratorio acreditado bajo la norma UNE‐EN ISO/IEC 17025, requisito obligatorio conforme a la legislación autonómica aplicable.

"Los hechos descritos en la denuncia implican la posible exposición directa de la población y del personal público a contaminantes peligrosos, así como un riesgo ambiental continuado derivado de la presencia de residuos industriales no gestionados en una parcela de titularidad municipal", apuntan.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, expuso que "es una nueva maniobra de dilación por parte del Gobierno de España para bloquear el proyecto de construcción de la nueva Ciudad de la Justicia en Cartagena".

"Hemos enviado hasta en dos ocasiones toda la información de la que dispone el Ayuntamiento en la que se acredita que no hay suelo contaminado. Hay escombros en una superficie de 10 metros cuadrados con 20 centímetros de profundidad sobre 35.000 metros cuadrados que se tendrían que retirar. Un informe estatal hace 30 años ya lo dejó claro", defendió Arroyo.

"Un informe de la UPCT también acredita de manera concluyente que el suelo no está contaminado, por tanto todo parece indicar que es una nueva maniobra demasiado vergonzante para retrasar el proyecto, puedo pensar que es estrategia política porque lo puede impulsa una alcaldesa del Partido Popular", insistió la regidora municipal.