Arroyo anuncia una ordenanza que multará con hasta 3.000 euros en casos muy graves la mendicidad en Cartagena

La convivencia necesita reglas claras, capacidades de acción y una administración preparada para actuar cuando el espacio público se degrada, la calle deja de servir al uso común y aparecen conductas que alteran la vida diaria de vecinos y comerciantes. Así presentó este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo, la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena que sanciona la mendicidad en el municipio.

Este texto fue aprobado este jueves en la Junta de Gobierno tras "estudiar otras ordenanzas municipales en el contexto nacional, analizar su eficacia, consultar experiencias que ya están contrastadas y adaptar todo ese trabajo a las que necesitamos". 

Arroyo busca actuar frente a los problemas que afectan al descanso, la movilidad, la accesibilidad, la limpieza y la seguridad.

"El primer paso para tener un municipio limpio es construirlo. Hay actividades que degradan la imagen que tenemos como municipio y transmiten abandono como pintadas y carteles que ensucian calles y dan aspecto de desorden", afirmó la primera edil.

“Esta no es una ordenanza para recaudar, sino para reparar los daños causados y hacer que los espacios públicos, que a los cartageneros nos cuesta mantener y cuidar, sean respetados por todos”, explicó la alcaldesa.

Por esa razón la norma prevé medidas que evitan y corrigen los resultados de un mal uso de las zonas públicas, como la retirada cautelar de materiales, decomiso de objetos, suspensión de actividades, reposición de la situación alterada y la reparación de daños. En los supuestos que afecten a bienes municipales, la sanción será compatible con la obligación de pagar el coste de la reparación o la indemnización correspondiente.

En los casos de grafitis, carteles o vandalismo, además de intervenir los materiales empleados, los agentes podrán ordenar la limpieza inmediata cuando sea posible.

Si no se actúa de forma voluntaria, el Ayuntamiento podrá ejecutar la reparación de forma subsidiaria y repercutir después el gasto al responsable. Será igual en otros ámbitos, como la publicidad no autorizada o los daños sobre mobiliario urbano, papeleras, contenedores, parques, jardines y elementos patrimoniales.

La mediación ocupa además un papel propio en el proyecto. El Ayuntamiento la incorpora como vía de resolución alternativa de conflictos para rebajar la tensión y ofrecer una salida pactada en problemas derivados del uso compartido del espacio público. 

Menores

En el caso de menores, la propuesta regula un sistema voluntario con personal especializado en el que podrán participar el menor, sus progenitores o tutores y, cuando proceda, las personas afectadas. La finalidad es que el infractor comprenda el daño causado y que se alcance un acuerdo sobre la forma de repararlo.

La ordenanza permite incluso reconducir otros expedientes a esa vía cuando se considere más eficaz que la sanción ordinaria y añade la colaboración municipal con la justicia de proximidad.

Asimismo, la norma aportará un marco regulador para "la mendicidad que se ejerce con coacción, agresividad o utilizando a menores o personas vulnerables".

"En la ordenanza no se combate la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan a nuestros vecinos, que se sienten acosados o que les impiden el paso", quiso aclarar Arroyo.

Cartagena es pionera en patrullas mixtas de policías y trabajadores sociales para la mendicidad, pero se actuará especialmente en casos de mendicidad violenta o con menores. “La ordenanza no sanciona la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan, acosan o impiden el uso de la vía pública”.

En usos impropios del espacio público, como acampadas, si concurren razones de salud, seguridad o vulnerabilidad, los servicios municipales podrán acompañar a la persona a un recurso adecuado y no imponer la sanción.

La ordenanza prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos en la vía pública. “No se sancionará, lógicamente, a las víctimas de explotación sexual; a ellas el Ayuntamiento prestará información y ayuda para abandonar esas prácticas”, dijo la alcaldesa.

El texto incluye el fenómeno del absentismo escolar, por el que deberán responder los padres que no garanticen la escolarización. La ordenanza contempla sanciones, peor también la asistencia a sesiones de atención individualizada o cursos de formación como alternativa a la multa.

Las sanciones de la ordenanza varían según la gravedad de la conducta. El texto fija multas de hasta 120 euros en algunas infracciones leves ligadas a mendicidad, de hasta 500 euros en usos impropios del espacio público, de hasta 750 euros en varios supuestos leves y de 750,01 a 1.500 euros o de 1.500,01 a 3.000 euros en los casos graves y muy graves. Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los daños sobre patrimonio protegido, la mendicidad con menores o personas con discapacidad, el trile o las prácticas sexuales retribuidas a menos de 200 metros de centros educativos.