Salinas acusa a López Pretel y Candel de presionar a Arroyo y denuncia injerencias de la dirección nacional de Vox

El que fuera candidato a alcalde de Cartagena en las últimas elecciones, Diego Salinas, ha respondido este jueves en un comunicado a las declaraciones del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo López Pretel, quien aseguró a esta redacción que los dos díscolos de la formación de Abascal en el municipio, el propio Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, "se quedan en el gobierno extorsionando a la alcaldesa con una posible moción de censura".

Diego Salinas, que se dio de baja de Vox a principios de marzo, niega la versión difundida sobre la situación política en el Ayuntamiento de Cartagena y asegura que lo que está ocurriendo no responde a “circunstancias externas” ni a “interpretaciones interesadas”, sino a una “grave crisis interna" dentro del partido en el municipio, que atribuye a la “salida continuada de afiliados y cargos del partido”. A su juicio, ese proceso ha dejado una estructura “debilitada, descompuesta y completamente alejada de la estabilidad que exige la acción política responsable”.

En su escrito, Salinas señala directamente al concejal de Vox Gonzalo López Pretel y a Antonio José Candel como las personas que, según su versión, están ejerciendo “presión directa y constante” sobre la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. En ese punto, rechaza que se trate de presiones procedentes de “terceros ajenos” o de “factores externos”.

Sobre Antonio José Candel, Salinas afirma que, como “mano derecha” de Montserrat Lluis, secretaria general adjunta de Vox está interviniendo “de forma activa, directa e improcedente” en la política municipal de Cartagena. Además, añade que su contratación en las Cortes Valencianas con recursos públicos plantea, en su opinión, “serias dudas sobre el desempeño efectivo de sus funciones”, al asegurar que “no va a su puesto de trabajo”.

En esa misma línea, mantiene que la actuación de Candel no responde “al interés de los cartageneros”, sino a “directrices externas”, y considera que ello evidencia “una injerencia clara y preocupante de la dirección nacional en la vida política local”.

El comunicado también carga contra el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel. Diego José Salinas asegura que actúa movido por “intereses estrictamente personales y de permanencia en la política”, anteponiendo, según afirma, su situación individual a la estabilidad institucional, al funcionamiento del Ayuntamiento y al interés general de los ciudadanos de Cartagena.

Asimismo, sostiene que López Pretel “tiene deudas acumuladas por la mala gestión de sus empresas” y que, ante esa “delicada situación económica”, “lo único que le queda es vivir de la política”. En el texto, Salinas le atribuye además la prioridad de su “supervivencia personal” y de su “sueldo público” por encima “del bienestar de los cartageneros”.

Diego José Salinas asegura que tanto Gonzalo López Pretel como Antonio José Candel llevan tiempo ejerciendo una “presión constante e irresponsable” sobre la alcaldesa, con la intención, según denuncia, de condicionar la acción de gobierno y de generar “un clima de tensión” que “perjudica gravemente la estabilidad institucional”.

En otro de los pasajes del comunicado, rechaza “de forma rotunda” cualquier intento de “manipular la realidad” o de construir “relatos interesados para desviar la atención”. Insiste en que la situación actual no es consecuencia de factores externos, sino del “propio funcionamiento interno del partido Vox” y, “de manera muy clara”, de las “decisiones impuestas por la dirección nacional de VOX”, a la que considera responsable directa “del conflicto y de la descomposición” que, según dice, vive actualmente la organización en Cartagena.

El escrito va un paso más allá y asegura que las presiones recibidas han trascendido el ámbito político. En concreto, Diego José Salinas denuncia “intentos de condicionar la gestión de recursos públicos”, especialmente en lo relativo a su destino hacia “determinados medios de comunicación afines a Vox como El Toro TV o Radio Libertad”, algo que califica de “absolutamente inaceptable desde el punto de vista institucional”.

Finalmente, el político defiende que, por “responsabilidad institucional”, considera imprescindible trasladar a la ciudadanía una versión “veraz, clara y sin matices” de lo ocurrido, alejada, según expone, de intereses partidistas y centrada en garantizar “la estabilidad del gobierno municipal” y “la defensa del interés general de Cartagena”.