MC alerta que "Arroyo blinda con prisas y ocultación el negocio del Batel" en Cartagena

El portavoz y líder de MC Jesús Giménez Gallo denunció este lunes que el Gobierno de Noelia Arroyo aprobó "con prisas y de forma deliberadamente opaca, la continuidad del modelo de explotación del Auditorio El Batel, cerrando la posibilidad de que los cartageneros recuperen el control del edificio más caro que han pagado nunca".

La decisión prorrogar la gestión 5 años más se adoptó "evitando cualquier debate público y confirmando una forma de actuar que define a la alcaldesa: esconder las decisiones relevantes para impedir su fiscalización".

Giménez Gallo no deja pasar la oportunidad de señalar los últimos movimientos en el Gobierno local con la salida de dos ediles de Vox, "todo ello en un contexto de incertidumbre política que evidencia la intención de dejar atados determinados intereses antes de que nada pueda cambiar".

Para el portavoz municipal, "el Batel, cuya construcción ha supuesto más de 63 millones de euros para los ciudadanos, continúa siendo un ejemplo de mala gestión: un edificio ineficiente, con deficiencias conocidas y sostenido por un modelo en el que el Ayuntamiento paga mientras una empresa privada explota el recinto y obtiene el beneficio".

"Con esta decisión, Arroyo garantiza cinco años más de negocio a la UTE formada por Gestípolis y Sonora, consolidando un esquema en el que el dinero público sostiene intereses privados, las mismas empresas a las que compró el Teatro Circo para cerrarlo", añadió.

Una estructura que en su origen estuvo representada por Pedro Pablo Hernández, actual presidente de la Autoridad Portuaria, "lo que vuelve a poner de manifiesto la coincidencia reiterada de nombres y entornos en operaciones que comprometen recursos públicos".

"Sus intereses parecen coincidir siempre con los de Arroyo, en público y en privado", cuestionó.

Para MC, lo ocurrido responde a un patrón claro: "prisas, opacidad y decisiones orientadas a beneficiar a los mismos mientras se da la espalda al interés general".

"Estamos ante el 'a Dios rogando y con el mazo dando': mientras se presenta como garante de estabilidad, deja blindados negocios privados a costa de todos los cartageneros", sentenció.