Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta "criterios científicos" para los deslindes en el litoral de Cartagena

La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) ha presentado sugerencias formales en el trámite de consulta pública previa sobre la modificación del Reglamento General de Costas, actualmente en revisión por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras recibir indicaciones europeas de que debía ser modificado.

En sus alegaciones, Procabo reconoce la necesidad de adaptar el Reglamento para dar cumplimiento a la Directiva europea de Servicios y evitar una eventual sanción a España, pero advierte de que la reforma no debe limitarse a ajustes procedimentales vinculados a concesiones administrativas, "sino aprovechar la oportunidad para abordar problemas estructurales en la gestión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

En su escrito, la asociación destaca su experiencia en la defensa del litoral del sureste español, y especialmente en el entorno de Cabo de Palos y el Mar Menor, lo que les ha permitido detectar varias carencias en la norma actual.

En primer lugar, hacen referencia a la desconexión entre la gestión del DPMT y la planificación territorial y urbanística autonómica y municipal, así como la falta de criterios técnicos homogéneos y transparentes en deslindes y concesiones, que "genera inseguridad jurídica y conflictividad social".

Además, hacen referencia a la escasa incorporación de criterios científicos actualizados sobre subida del nivel del mar, temporales extremos y vulnerabilidad geomorfológica en la legislación vigente, destacando también la ausencia de una monitorización continuada del litoral como herramienta básica de gestión adaptativa.

Asimismo, achacan la inexistencia de mecanismos reales de coordinación multinivel entre administraciones y sociedad civil.

La asociación considera que el litoral no puede entenderse únicamente como soporte de actividades económicas, sino como una infraestructura natural esencial para la resiliencia climática y la calidad de vida, por lo que propone que el reglamento incorpore expresamente varias modificaciones para solventar estos problemas.

Piden que se integre el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres en la planificación urbanística municipal, equiparándolos funcionalmente a sistemas generales o infraestructuras verdes y la creación de órganos técnicos estables de coordinación y concertación entre Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales.

Asimismo, exigen que se añada la obligatoriedad de incorporar criterios científicos actualizados a la hora de trazar los deslindes y tomar decisiones de gestión, así como el desarrollo de una planificación adaptativa basada en monitorización continua del litoral.

Por último, solicitan el reconocimiento explícito de los servicios ecosistémicos como fundamento técnico y jurídico de las decisiones de protección.

La asociación subraya que "proteger el litoral no debe hacerse a costa de la seguridad jurídica ni de la calidad técnica de las decisiones públicas, sino mediante un modelo más coherente, transparente y científicamente fundamentado".

"Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión del litoral moderna, resiliente y socialmente aceptable, alineada con los principios europeos de Gestión Integrada de Zonas Costeras", concluyen desde Procabo.