El juzgado de Cartagena mantiene abierta la investigación por vulneración de derechos fundamentales en la descontaminación de Los Mateos

El PSOE de Cartagena desveló este miércoles que el procedimiento judicial para determinar si en la descontaminación de la parcela municipal de Los Mateos se han vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos sigue abierto, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena en el que solicitaba que no se admitiera a trámite.

Cabe recordar que una vecina presentó un recurso contencioso-administrativo contra "la inactividad material del Ayuntamiento de Cartagena en relación con la gestión de los residuos peligrosos y suelos contaminados que constituyen un foco de contaminación conocido y persistente existente en la parcela de titularidad municipal Unidad de Actuación Nº1 del barrio de Los Mateos, por constituir dicha inactividad una vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que no ha adoptado medidas que eviten la exposición de los vecinos de Los Mateos y ciudadanos residentes en zonas cercanas a los residuos peligrosos existentes en la parcela."

Ahora el tribunal desestima los motivos de inadmisión esgrimidos por el Consistorio en lo que se refiere a las presentes actuaciones, mandando que continúen las mismas por los trámites pertinentes.

"El proceso judicial continúa y serán los tribunales los que determinen si la actuación del Ayuntamiento ha sido correcta o no, y eso es algo que la alcaldesa ha obviado cuando habla de esta parcela y de su descontaminación", destacó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, quien compareció junto a la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, en la sala José Albaladejo del Palacio Consistorial.

Además, la Confederación Hidrográfica del Segura inició la pasada semana diligencias previas para la incoación de un expediente sancionador, tal y como adelantó La Opinión.

"Por tanto, se sigue analizando la actuación del Ayuntamiento de Cartagena y las consecuencias que esa actuación puede tener sobre la salud y los derechos de los vecinos de las inmediaciones", continuó Torres.

Torres reiteró que la Sociedad Municipal Casco Antiguo debe dar explicaciones y hacer un seguimiento exhaustivo de las condiciones en las que se desarrollan la obra, por lo que ha solicitado por escrito una reunión del Consejo de Administración, "a la que ni siquiera se han dignado a contestar, a pesar de que soy miembro de ese Consejo y existe una obligación legal de hacerlo".

Además, desde el PSOE exigen que la consejería de Medio Ambiente se pronuncie ya que, el Gobierno regional tiene la obligación de vigilar las condiciones de la obra, "garantizando que no se vea afectada ni la salud pública ni el Medio Ambiente", incidió Fernández.

 En consecuencia, la diputada socialista ha registrado una serie de preguntas en la Asamblea Regional para conocer el destino de los suelos excavados, así como si se están garantizando las condiciones de seguridad y salud laboral para trabajadores.

Además, Fernández indagará si se está vigilando que las obras no supongan un riesgo para la salud de los vecinos, si estos trabajos no suponen un perjuicio para el entorno y el medio ambiente y si se han respetado los plazos legales que fijan que los trabajos debían iniciarse en los tres meses posteriores a la resolución de la Comunidad Autónoma y que se debía comunicar con dos meses de antelación el destino de los materiales contaminados.

"No sabemos si se han cumplido estos plazos. La realidad es que todo lo que rodea a esta actuación en la parcela de Los Mateos es un verdadero desastre y una chapuza", hizo hincapié la portavoz parlamentaria.

"La realidad es que todo lo que rodea a esta actuación en la parcela es una chapuza", dice Carmina Fernández

En este sentido, Torres recordó que el Ayuntamiento compró la parcela a sabiendas de que estaba contaminada, descontando por tal motivo 200.000 euros del precio al propietario, a quien se eximió de la responsabilidad de descontaminar, a sabiendas de que informes de empresas especializadas en la materia valoraban estos trabajos en medio millón de euros.

"El balance es claro. Se han gastado 400.000 euros en comprar un suelo contaminado. No hay viviendas sociales. Hay procedimientos judiciales y administrativos abiertos y los vecinos están muy preocupados por su salud", afirmó el portavoz municipal.

"Ante la inacción del Ayuntamiento, exigimos que el resto de administraciones asuman su responsabilidad, especialmente el Gobierno regional", concluyó Torres.