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Piden revisar la situación jurídica y patrimonial de la Catedral de Cartagena

Varias asociaciones y entidades firman un manifiesto en el que reclaman reconstruir la Catedral de Santa María la Mayor "mediante un proyecto integral, riguroso y científicamente fundamentado" y el reconocimiento de su condición catedralicia histórica

Lectura del manifiesto para la defensa, recuperación y reconstrucción de la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena

Lectura del manifiesto para la defensa, recuperación y reconstrucción de la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Asociaciones, entidades y personas a nivel individual del municipio así como de otros ámbitos territoriales regionales y nacionales se han reunido este viernes a las puertas de la Catedral de Cartagena para leer un manifiesto expresando su compromiso con la defensa, recuperación y reconstrucción de la Catedral de Santa María la Mayor como patrimonio histórico, cultural y espiritual común.

Las entidades, colectivos y personas firmantes de la declaración, procedentes de ámbitos políticos, académicos, culturales, sociales, económicos y deportivos manifiestan su apoyo a la reconstrucción y plena restitución histórica, patrimonial e institucional de la Catedral de Santa María la Mayor.

"La Catedral constituye un bien patrimonial de valor excepcional, cuya significación trasciende el ámbito local y regional, integrándose plenamente en el patrimonio histórico de España, de Europa y del espacio cultural mediterráneo", señalan en el manifiesto, añadiendo que "su condición de sede catedralicia histórica ha sido un elemento estructural en la configuración religiosa, institucional y cultural del territorio durante siglos".

Desde esta perspectiva, consideran necesario subrayar que la Catedral de Santa María la Mayor no puede ser entendida como un inmueble ordinario, ni equiparada a otros bienes de naturaleza exclusivamente parroquial o privada, debido a que "su carácter histórico, canónico y patrimonial exige un tratamiento específico, acorde con su condición de Catedral, tal y como ha sido reconocida tradicionalmente por la historiografía, la documentación histórica y la conciencia colectiva".

Por este motivo, expresaron su preocupación "ante cualquier interpretación o decisión que pueda suponer la desvinculación de la Catedral de su condición catedralicia histórica, así como su eventual descatalogación o consideración jurídica ajena a dicha naturaleza".

Un hecho histórico consolidado

En este sentido aseguran que esta condición no es una cuestión coyuntural, sino un hecho histórico consolidado, inseparable de la identidad de Cartagena y del conjunto de la diócesis.

Asimismo, consideran que "la situación jurídica y patrimonial de la Catedral debe ser revisada y clarificada, de manera que responda a su verdadera naturaleza histórica e institucional", porque "la Catedral ha sido siempre un bien de referencia pública y eclesial, y su gestión debe realizarse desde el respeto a su condición singular, en coordinación entre las autoridades eclesiásticas y las administraciones civiles, conforme a los principios de transparencia, legalidad y protección del patrimonio común".

Tras esta exposición de motivos, "desde el máximo respeto a la Iglesia y a sus legítimas autoridades", aseguraron que "la preservación de la Catedral como tal en su denominación, catalogación y consideración institucional, resulta esencial, no solo para la ciudad de Cartagena, sino para el conjunto de la comunidad histórica, cultural y espiritual a la que ha servido durante siglos".

Entre sus peticiones, están la necesidad de reconstruir la Catedral de Santa María la Mayor "mediante un proyecto integral, riguroso y científicamente fundamentado", así como el reconocimiento de su condición catedralicia histórica, "como elemento irrenunciable de su identidad".

Asimismo, resaltan "importancia de garantizar una catalogación y consideración jurídica coherente con dicha condición, acorde con su valor patrimonial y simbólico".

Por último, solicitan "voluntad de diálogo institucional y cooperación leal entre administraciones públicas y autoridades eclesiásticas para alcanzar una solución justa, estable y respetuosa con la historia".

"Esta declaración se formula desde el consenso, la responsabilidad y la convicción de que la defensa del patrimonio cultural y espiritual no reconoce fronteras ni colores, y constituye un compromiso compartido con la historia, la cultura y el futuro común", concluyen los encargados de poner voz al manifiesto: María del Pilar Martínez Soriano, Ramón García Alcaraz y Antonio Cegarra.

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