Nuevos precios
Comienza la cuenta atrás para que finalice la concesión de El Batel
MC preguntará en el Pleno sobre el futuro del contrato que acaba en noviembre de 2026
Evento con los finalistas de los premios Hache celebrado en el auditorio El Batel. / Loyola Pérez de Villegas
El auditorio El Batel, uno de los espacios culturales más grandes del municipio, termina su concesión en un año. MC Cartagena anuncia que en el próximo Pleno municipal, que tiene lugar el jueves, formulará una pregunta al Gobierno local para que explique qué intenciones tiene respecto a la concesión del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, cuyo contrato finaliza en noviembre de 2026.
El portavoz de la formación local, Jesús Giménez Gallo, recuerda que «desde 2011, El Batel ha sido un negocio privado con rentabilidad garantizada a costa del Ayuntamiento». Según los datos municipales, el Consistorio ha destinado más de 15 millones de euros a la empresa concesionaria durante estos años, «sin que Cartagena haya recibido un retorno proporcional en actividad cultural ni económica».
«Mientras los cartageneros pagamos millones, la empresa tiene beneficios asegurados y la alcaldesa ni siquiera ha empezado a preparar la recuperación del auditorio. En 2026 vence la concesión y Arroyo sigue mirando para otro lado», denuncia Giménez Gallo.
«Tarifazo cultural»
Con la aprobación de las ordenanzas municipales que entran en vigor el próximo uno de enero de 2026, «los precios del Batel suben entre un 75 y un 85%», según denunció el edil socialista, Pedro Contreras, quien según detalló las entradas que ahora cuestan 35 euros pasarán a costar 65; en la Mar de Músicas habrá eventos que subirán entre un 75 y un 200% y también se incrementarán los precios de las actividades culturales del Parque Torres, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y los Talleres de la Universidad Popular.Contreras considera que «es un tarifazo cultural» porque algunos precios suben hasta el 200%. «La cultura debería ser un refugio y un derecho, pero PP y Vox la han convertido en un lujo para los cartageneros», apuntó el edil socialista. El Grupo Municipal Socialista cree que PP y Vox han «declarado la guerra fiscal a la clase media y trabajadora de Cartagena» aprobando la mayor subida de precios públicos en material cultural de la democracia, «para tapar su ineptitud e ineficacia económica, que está sumiendo al Ayuntamiento en la ruina económica».
El portavoz municipal añade que MC ya propuso en febrero del pasado año una moción para planificar la recuperación pública de El Batel, que fue rechazada por PP y Vox, con la abstención del PSOE.
«La alcaldesa ha preferido seguir hipotecando al municipio antes que devolver a los cartageneros la gestión de uno de sus principales equipamientos culturales», subraya.
Además, MC pone el foco en un posible conflicto de intereses, «ya que el representante de la empresa concesionaria es el actual presidente de la Autoridad Portuaria, José Hernández».
«Es inaceptable que quien representa a la empresa que cobra del Ayuntamiento sea, al mismo tiempo, quien preside el Puerto de Cartagena. Arroyo debe aclarar si piensa seguir premiando esa relación o si, por una vez, piensa defender los intereses del municipio», añade Giménez.
MC exige que el Gobierno local prepare ya el retorno de la gestión a manos públicas para evitar nuevas prórrogas o periodos de incertidumbre, y advierte de que «Cartagena no puede permitirse que un contrato ruinoso siga drenando dinero mientras se cierran proyectos estratégicos».
«El Batel es el espejo del modelo Arroyo: beneficios privados, pérdidas públicas y un gobierno sin modelo para Cartagena», ha concluido el portavoz municipal.
La gestión privada del Auditorio El Batel comenzó en 2011 y según el contrato está previsto que finalice en noviembre de 2026. El contrato está integrado por una subvención municipal para los primeros cinco años de 10.924.995,72 euros, y un importe de alquiler anual del arrendamiento del edificio de 1.000.000,00 de euros con impuestos incluidos.
El plazo de duración del contrato es de quince años, por eso finaliza en noviembre del próximo año aunque es prorrogables por otros cinco, previa conformidad de ambas partes.
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