La Intervención del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la gestión económica

El Informe Anual de Control Financiero 2024 del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la situación económica del Consistorio. El interventor municipal insta al gobierno local a formalizar un Plan de Acción que determine las medidas a adoptar "para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados", según el documento al que ha tenido acceso esta redacción. Asimismo, traslada su informe a Alcaldía para que lo remita al Pleno y a la Intervención General de la Administración del Estado.

Entre las situaciones que requieren de la elaboración de un plan de acción, en el que se recojan medidas correctoras, así como el responsable y un calendario para su implementación, se encuentran los ingresos, los gastos, la gestión económica-financiera, la gestión patrimonial, los organismos autónomos y la insuficiencia de medios de control.

El documento señala que el Ayuntamiento debe replantearse la gestión del padrón de la tasa de recogida de residuos, puesto que ha perdido su control al cederlo a la concesionaria del agua. Asimismo, la administración local debe prever con antelación el vencimiento de los contratos y licitarlos con mayor antelación para evitar pagar facturas sin amparo contractual.

Además, el encargado de fiscalizar las cuentas del Consistorio considera que es necesario un control estricto de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, para evitar impactos negativos en el déficit y en la regla de gasto, así como en los contratos menores.

En materia de Recursos Humanos, deben practicarse retenciones de crédito en la gestión ordinaria y en la urbanística, deben contabilizarse debidamente los derechos u obligaciones de naturaleza urbanística que no tienen imputación presupuestaria al ser aprovechamientos urbanísticos o justiprecios no consignados.

Falta por actualizar el Inventario de bienes municipales de 2019 a 2024

En lo relativo al patrimonio, falta por actualizar el Inventario de bienes de 2019 a 2024 y una correlación contable entre los bienes del Inventario y el valor del Inmovilizado.

También recoge que los órganos gestores deben establecer objetivos, programas de actuación y parámetros cuantificables que permitan evaluar si su gestión es eficaz y eficiente.

Asimismo, el interventor sigue insistiendo en la necesidad de optimizar recursos, reorganizar los entes dependientes y sus funciones, así como en la mejora su gestión, en la búsqueda de una mayor simplicidad y eficacia y eficiencia administrativas, al igual que debe reforzarse la comunicación de los programas informáticos de los departamentos que gestionan la actividad administrativa, y económica-financiera.

Por último, cree que debe reforzarse de personal técnico informático y contable, actualmente insuficiente, para una correcta interconexión de los departamentos y un debido seguimiento contable de los distintos organismos y el control de contratos y concesiones de importe significativo.

Muchas de estas indicaciones ya fueron puestas de manifiesto en los informes resumen anual de control financiero emitidos por la Intervención municipal con ocasión de la aprobación de las Cuentas Generales de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, por lo que el ejecutivo local tramitó un Plan de Acción, que ha introducido algunas medidas de corrección positivas como la unificación de la gestión del personal de los organismos municipales en el Ayuntamiento.

El documento también concluye que la sociedad municipal Casco Antiguo carece de un informe de gestión que recoja el grado de cumplimiento de sus objetivos, las desviaciones observadas y las medidas correctoras adoptadas y tampoco cuenta con una página web propia que permita cumplir con los principios de transparencia pública. Sin embargo, la opinión sobre el Patronato Carmen Conde–Antonio Oliver es favorable y se recomienda valorar el fondo bibliográfico que el Patronato tiene en inventario.

En el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas también se han encontrado deficiencias como la imposibilidad de verificar si la valoración de la inversión por importe de 9.998.494,41 euros es correcta, subvenciones concedidas a favor de la compañía no registradas debidamente y falta de provisión del reintegro de una subvención de 100.000 euros por el ITREM, al evidenciar una disfunción entre el perceptor de la subvención y el ente que la ejecuta.