Abre en Cartagena una oficina para asesorar sobre problemas de vivienda como la okupación

Cartagena pone en marcha un nuevo servicio de asistencia jurídica dentro de la Oficina Municipal de Vivienda e incorpora “a uno de los mayores profesionales de Derecho Inmobiliario de nuestro país, el cartagenero Antonio Navarro Selfa, quien fue Decano del Colegio de Abogados”, según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo, al salir de la primera reunión de trabajo de este equipo. 

En el encuentro, que tuvo lugar este martes en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, participaron agentes de la Policía Local y del Servicio Municipal de Atención a la Vivienda, así como el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel. 

Para la regidora municipal la puesta en funcionamiento de este nuevo recurso, que anunció durante el Debate del Estado del Municipio, constituye “dar un paso más en la atención, la formación y el asesoramiento que queremos realizar a partir de ahora para intentar resolver uno de los mayores problemas que tenemos a nivel nacional y también afecta a Cartagena, en materia de vivienda”. 

“Cada vez hay más inseguridad, más incertidumbre, los propietarios de las viviendas se sienten más desprotegidos y hemos querido desde el Ayuntamiento, en el marco de nuestra estrategia municipal de vivienda, fomentar que cada vez haya más viviendas de alquiler y dar esa atención personalizada a todos los vecinos y comunidades de propietarios”, expuso la primera edil. 

Problemas de okupación o inquiokupación, necesidad de mediación extrajudicial y formación policial para este tipo de casos son algunas de las labores de las que se encargará este servicio. 

La asesoría jurídica se ubicará en la Oficina Municipal de Vivienda, que se encuentra en la Concejalía de Servicios Sociales. El servicio será gratuito para los ciudadanos. 

Navarro Selfa ha firmado un contrato con el Ayuntamiento en el que se incluye “dar formación a todos los técnicos municipales, policías y los profesionales de las concejalías implicadas, y posteriormente ese servicio se prestará de manera gratuita a todos los vecinos o comunidades de propietarios que se encuentren con el problema”. 

El servicio está garantizado durante un año y posteriormente el Consistorio firmará un convenio con el Colegio de Abogados de Cartagena. 

Arroyo recordó que “en Cartagena hay más de 2.000 viviendas habitables y vacías. Eso no ocurriría sin miedo a la okupación. Son el ahorro de las familias, compradas para dar vivienda a los hijos y están cerradas porque la ley no protege al propietario”.

Por su parte, López Pretel apuntó que “es una de las piezas fundamentales de nuestro acuerdo de gobierno. Es satisfactorio ver qué se está cumpliendo”. 

Asimismo, destacó que el Ayuntamiento pone, dentro de sus competencias, los medios suficientes para intentar que haya vivienda nueva en la calle y ayudar a que los vecinos que temen tener problemas y retiran sus viviendas del parque del alquiler a que se sientan acompañados jurídicamente. 

Alquiler social y vulnerabilidad

El Ayuntamiento, que ya paga un seguro a las viviendas que se ponen a disposición municipal para el alquiler social, busca ahora dar recursos contra la ocupación a los particulares que saquen viviendas al mercado del alquiler mediante la nueva asesoría, que trabajará en cuatro campos diferentes.

El primero será la atención a situaciones de ocupación de vivienda, tanto a particulares como a comunidades de propietarios, mediante asesoramiento legal, elaboración de protocolos de actuación y coordinación con la Policía Local. En este ámbito se prevé también la formación de agentes municipales para mejorar la respuesta ante estos casos y la derivación a los servicios sociales cuando existan situaciones de vulnerabilidad.

El segundo consistirá en el asesoramiento jurídico especializado, que incluirá información y orientación sobre arrendamientos, compraventas, fianzas, cláusulas nulas, condiciones de habitabilidad y normas básicas de propiedad horizontal.

En tercer lugar, se trabajará en la mediación extrajudicial entre propietarios e inquilinos, con el objetivo de resolver los conflictos de forma voluntaria y evitar la vía judicial.

Por último, el servicio mantendrá un apoyo legal y administrativo en casos de desahucio, reclamaciones o conflictos relacionados con la vivienda, además del diseño de materiales informativos y acciones formativas para asociaciones vecinales, orientadas a la prevención y resolución temprana de conflictos.