Turismo
El aumento de pisos turísticos en Cartagena plantea la necesidad de una ordenanza reguladora
Según los datos del Instituto de Turismo de la Región, en 2023 las plazas en este tipo de alojamientos alcanzaban las 2.549, casi el doble que en 2006

Dos personas pasan por la entrada de un edificio de pisos turísticos. / Iván Urquízar
Las viviendas de alquiler turístico son cada vez una de las alternativas más demandadas por turistas y visitantes para alojarse durante su estancia en Cartagena. Por este motivo, en los últimos años ha aumentado el número de empresas y particulares que optan por este negocio publicitando sus viviendas en diversos portales de internet.
Según los datos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, en el municipio de Cartagena había en el año 2006 341 apartamentos turísticos con una capacidad total de 1.449 plazas. Las plazas y el aumento de viviendas va aumentando de forma progresiva, por ejemplo en 2013 ya había 510 pisos turísticos funcionando, llegando hasta las 2.174 plazas de ocupación.
Una década después, en 2023, según los registros oficiales, las casas dedicadas a este tipo de alquiler turístico eran 650 con una capacidad para alojar a 2.549 personas, siendo este año el último del cual hay registros a la espera de la publicación de los del pasado año 2024.
La mayoría de este tipo de viviendas se ofertan en el casco histórico, y hay empresas que han dedicado a este tipo de alquiler edificios enteros y en las zonas de playa.
En el último pleno municipal, el concejal de MC Juan José López Escolar presentó una iniciativa recordando que en enero de 2020, su Grupo Municipal ya promovió una moción sobre la necesidad de contar con una Ordenanza municipal reguladora de Viviendas de Uso Turístico (VUT), aprobada en ese momento con amplio consenso plenario; sin embargo, han pasado más de cuatro años desde entonces y Cartagena sigue sin una ordenanza específica, «mientras el fenómeno de las viviendas turísticas ha seguido creciendo sin control. La situación actual refleja con claridad lo que ya advertimos: alquileres turísticos ilegales, zonas saturadas, expulsión de residentes del centro histórico y un mercado inmobiliario tensionado».
La iniciativa de López Escolar, que no salió adelante, solicitaba que el Pleno reiterara el acuerdo plenario de 2020 y reconociera públicamente su vigencia y necesidad urgente, dada la evolución de la problemática en estos años. Además, incluía que se proceda de forma inmediata a la elaboración de una Ordenanza municipal reguladora del uso de la vivienda turística, que se cree una unidad técnica de inspección y control de VUT, adscrita al área de Urbanismo o a la que se determine, con funciones específicas de verificación y sanción y por último que se publique un censo público y actualizado de viviendas turísticas en Cartagena, con los datos disponibles, para conocimiento vecinal y evaluación de impacto.
Según el edil de MC, ha sido el propio sector el que ha denunciado una situación que va a más cada año, dado que «existen actualmente más de 1.000 plazas de viviendas de uso turístico, y el propio sector manifiesta que pueden existir más de 2.000 plazas sin regular, sumando un total que supera con creces a las plazas hoteleras, que llegan alrededor de 1.500 en el casco urbano y su entorno».
El edil hace hincapié en que el sector hotelero y de alojamientos turísticos lleva tiempo alertando sobre «la proliferación descontrolada de VUT no reguladas, lo que está generando una competencia desleal y está afectando a la estabilidad del mercado inmobiliario».
Además del impacto económico, López Escolar señala los riesgos de seguridad que supone la falta de regulación, porque en «los alojamientos turísticos legales deben informar al Ministerio del Interior sobre sus huéspedes, pero en las viviendas irregulares no hay ningún control, lo que supone un peligro evidente».
«No podemos permitir que Cartagena se convierta en un caos turístico sin reglas», sentencia López Escolar.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, apuntó en la sesión plenaria que este tipo de viviendas no están generando actualmente un problema de convivencia que aconseje crear de forma prioritaria dicha ordenanza. Según los datos de su área solo hay una denuncia interpuesta contra un alojamiento de este tipo en 2020 en una zona de playa.
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