La Manga y los aliados

Todavía este país tiene intencionadas (o no) lagunas en su Historia. Pero los que nos dedicamos a hurgar en legajos originales para nuestros trabajos de investigación nos topamos, a veces, con perlas dignas de ser contadas.

Cuando me dispuse a revisar y ampliar La Manga del Mar Menor. Principales proyectos y estructura societaria (Edlibrix, 2018) para una segunda edición, que en breve saldrá, me encontré con una información de la que poco se habla y que, por lo que he leído, la prensa maquilló intencionadamente o por ignorancia: los famosos Planes de Desarrollo franquistas, que usaría Tomás Maestre Aznar para erigir su proyecto urbanístico en la Región, fueron ideados y generosamente regados con dinero… aliado.

La Manga, creada junto al resto de núcleos turísticos nacionales, empezó a pergeñarse en un contexto internacional de Guerra Fría donde los aliados vencedores de la II Guerra Mundial trataron de apuntalar «mercados» en países de su área de influencia frente a la consolidación de un bloque soviético, liderado por la URSS, que estaba empezando a controlar el otro medio mundo.

Y Franco se encontró con un inesperado aliado capitalista. El propio Winston Churchill, en un discurso pronunciado ante la Cámara de los Comunes el 24 de mayo de 1944, ya adelantó qué iban a hacer con España descartando las otras dos opciones que había sobre la mesa: una monarquía en la figura de Juan de Borbón o la restauración de la República. Apuntalarían a Franco si lograban que se abriera a una economía liberal de mercado que tanto interesaba al bloque capitalista.

«Los problemas políticos internos de España -afirmó Churchill- son asuntos de los propios españoles… Aspiro a unas relaciones cada vez mejores con España y un comercio extremadamente fértil entre España y este país».

No podía ser casualidad que Estados Unidos, por su parte, argumentara algo parecido. Para ellos la Guerra Civil también había sido una cosa interna.

Realmente, tampoco había unanimidad internacional de repulsa al régimen franquista cuando la ONU decretó su embargo contra España en 1945. Muchos países latinoamericanos y algunos países mediterráneos, como Grecia o Turquía, votaron en contra y la Liga Árabe optó por abstenerse.

A decir verdad a la Casa Blanca, presidida por Harry S. Truman, no le hacía gracia establecer relaciones bilaterales públicas con Franco, pero ambos eran anticomunistas y el nuevo Orden Mundial necesitaba mercados subdesarrollados con mano de obra sumisa y salarios y suelo barato para instalar industrias primarias y de transformación.

Y España reunía todas las condiciones. Churchill y Truman dejaron hacer a los ‘think tank’ empresariales para que diseñaran discretamente algún proyecto de integración de nuestro país en la esfera capitalista.

Así fue como España acabó formando parte de un ambicioso proyecto de revitalización económica mundial a través de los Planes de Desarrollo puestos en marcha en muchos países al mismo tiempo, no solo en España. Bolivia (Plan Eder), Paraguay, Chile, Argentina o Francia (Plan Pinay-Rueff) fueron otros países que aceptaron las propuestas de crecimiento económico nacidas en el seno de los Acuerdos de Bretton Woods con adaptaciones a cada una de las realidades nacionales.

Aquí en España se optó por usar el turismo como una de las fuentes de ingresos, junto a la captación de divisas a través de la enorme masa de emigrantes que trabajaban en el extranjero y el asentamiento de potentes industrias en suelo patrio interesadas en producir a bajo coste.

Ahora bien, ¿con quién contactar para poner en marcha esta macrooperación económica en España? ¿Cómo hacer que los Planes de Desarrollo parecieran «autóctonos» para seducir al dictador?

Para ello se pusieron en contacto con un grupo relativamente pequeño y con poco peso (no había más de tres mil miembros repartidos por toda España en 1950) pero muy bien preparado, conservador y católico: el Opus Dei.

A Franco no le pareció que ministros tecnócratas vinculados a La Obra hicieran peligrar su cargo y la autarquía franquista en los cuarenta ya se estaba mostrando incapaz de revitalizar la economía española, sobre todo tras la «gran helada» que sufrió España en febrero de 1956 y que la dejó al borde de la quiebra económica… Cuentan los lugareños que algunas aguas someras del Mar Menor quedaron completamente congeladas.

Con la propuesta sobre la mesa, y el visto bueno de un dictador que no entendía mucho de Economía pero sí de oportunismo, no tardaron en llegar al país potentes inyecciones de dinero procedente de la banca privada norteamericana, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, dependiente del Mundial, mientras realizaban una exhaustiva y discreta fiscalización de las finanzas españolas.

Todo ello sin pedir la democratización del país. Al mercado no le hacía falta.

E inyectaron en la economía española más de quinientos millones de dólares de la época que, en aquel momento, suponía la mitad de lo que el Estado español recaudaba en un año fiscal.

El peso de su implantación recayó sobre el nuevo ministro de Hacienda, Mariano Navarro, y el de Comercio, Alberto Ullastres, que ocuparon sendos cargos en 1957 en virtud de la «suprema potestad» de la que estaba investido Franco y que supuso la reorganización de todo el aparato estatal.

Los Principios Generales del Movimiento, aprobados en 1958, acabaron admitiendo este intervencionismo económico (en su apartado X se establece que «La iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada y, en su caso, suplida por la acción del Estado»), aunque, como veremos, el sector más duro no tardó en recuperar el control cuando hizo acto de presencia la corrupción asociada a las poderosas redes clientelares y el escandaloso volumen de dinero no fiscalizable (negro) que empezó a contaminar el proyecto.

El I Plan de Desarrollo se presentó a las Cortes en 1959 (junto al Plan de Estabilización) aprobándose en 1963 para un periodo de cuatro años a remedo de los Planes Quinquenales comunistas que la URSS estaba poniendo en marcha también en su área de influencia.

Se trataba de una planificada intervención estatal sobre los mercados pero debía venderse como algo «surgido de la iniciativa privada y del Régimen», algo que la prensa no tardó en aceptar como mensaje ocultando que tanto la idea como la financiación exterior eran de origen extranjero.

De hecho, también se ocultaron las fuertes campañas contra la integración de España en la economía occidental que surgieron, al alimón, en Reino Unido («Pásenlo bien -decía un eslogan- pero recuerde: amnistía para los presos políticos españoles»), Francia («Turista, no hay sol en las cárceles de España») y EEUU, donde la prensa criticaba que se estaba apuntalando la dictadura española con dinero de las democracias.

Y a esa increíble inyección de dinero se acogió Tomás Maestre durante el I y II Plan de Desarrollo (1964/67 y 1968/71, respectivamente) con créditos a muy bajo interés, reducciones arancelarias para la importación de material inexistente en España y exenciones fiscales en cuantas empresas fueran necesarias crear para cubrir los objetivos estatales de revitalización de la economía nacional.

Sin embargo, tras el segundo cuatrienio la cosa se complicó sobremanera. Por una parte la fuerte crisis del petróleo de Yom Kippur de 1973 contrajo la economía mundial mientras los informes que el FMI mandaba desde Madrid delataban que se estaban incumpliendo sistemáticamente en España las tasas de ejecución previstas con niveles inferiores al cincuenta por ciento.

Lo invertido no se transformaba en productividad a medio y largo plazo, como se pudo comprobar fielmente en muchos de los CITN creados por todo el territorio español, mientras los dirigentes extranjeros observaban cómo un tercio de los cargos en Consejos de Administración de grandes empresas públicas españolas estaba ocupado por recomendados sin oficio ni beneficio. No era una buena forma de integrarse en la eficiencia empresarial que el liberalismo económico requería.

Además, España empezó a mostrar muy pronto los primeros síntomas de la endémica corrupción del país: en agosto de 1959 estalla el caso MATESA (Maquinaria Textil del Norte SA) salpicando a varios miembros del Opus y generando una deuda de diez mil millones de pesetas al Banco de Crédito Industrial. El derrumbe de un edificio mal construido en Los Ángeles de San Rafael (Madrid) matando a cincuenta y ocho personas en 1969, cuyo responsable fue el conocido empresario Jesús Gil y Gil; y el escándalo del caso SOFICO (Sociedad Financiera Internacional de Construcciones) en octubre de 1973 volvió a salpicar la imagen del franquismo mientras Eurovosa sucumbía en La Manga ante un idéntico modelo de crecimiento piramidal en 1974.

Ante tamaña sucesión de calamidades Franco acabó escuchando de nuevo al sector más inmovilista del Régimen de la mano de un Luis Carrero Blanco que ya advirtió en 1970: «¿Qué es peor, que nos critiquen nuestros enemigos o que les dejemos en nombre del aperturismo y de todas esas zarandajas lograr corromper la moral de nuestro pueblo?».

En junio de 1973, con la aquiescencia del dictador, el segundo hombre más poderoso del país anunció que la Economía pasaba a un segundo plano. Antes estaba la supervivencia del franquismo.

Laureano López Rodó, otro destacado tecnócrata, intentó apuntalar el III Plan de Desarrollo (1972/1975), pero sabía que ya estaba tocado de muerte. Tras el asesinato de Carrero, Carlos Arias Navarro acabaría definitivamente con los tecnócratas destituyendo, en 1974, a los ciento cincuenta y ocho cargos que quedaban en los ministerios.

España se había quedado sin dinero aliado para continuar su espectacular crecimiento económico y La Manga del Mar Menor «se quedó a medias» sin esas ayudas.

De cómo las constructoras acabaron apropiándose del proyecto urbanístico durante la Transición hasta acabar creando el lobby Club Costa Cálida (1987) para luchar contra la Administración de Carlos Collado, ya sin la tutela de Maestre ni ayudas exógenas, da para otro artículo n