Sanidad
Los vecinos de La Palma de Cartagena temen el cierre del consultorio
Dos de los tres médicos de familia dejarán sus puestos a finales de este mes y no hay sustitutos

Una mujer entra al consultorio médico de La Palma en el municipio de Cartagena. / Iván Urquízar
Crítica. Así define la Junta por la Defensa de la Sanidad Pública de la Comarca de Cartagena la situación del consultorio médico de La Palma. Según exponen, dos de los tres médicos de familia dejarán sus puestos a finales de este mes y, a día de hoy, no hay sustitutos.
«Esta circunstancia, que podría suponer el cierre temporal del centro, no ha pillado por sorpresa a nadie, salvo –aparentemente– a la gerencia del Área II de Salud», señalan desde la asociación.
Según explican, la situación se remonta a hace más de un año, cuando «se alertó a la gerencia sobre la precariedad del centro, pero la respuesta ha sido la misma de siempre: esperar y no gestionar». Critican una «pasividad alarmante que ha provocado la huida de los profesionales. A pesar de conocerse estas salidas con antelación, no se ha hecho absolutamente nada para garantizar el relevo».
«La respuesta del gerente, como en otras ocasiones, ha sido una mezcla de ambigüedad y demagogia, sin medidas claras ni compromisos reales. Mientras tanto, los médicos se ven obligados a cubrir no solo sus consultas, sino también las urgencias del SUAP, todo ello sin ningún tipo de compensación», denuncian desde la Junta.
Desde la asociación continúan explicando que los vecinos y vecinas, muchos de ellos personas mayores sin medios para desplazarse, están profundamente preocupados.
El presidente de la asociación vecinal de La Palma, Domingo Inglés, advierte que gran parte de la población del barrio es de la tercera edad y no tiene posibilidad de acudir a otros centros.
Desde la Junta por la Defensa de la Sanidad Pública de Cartagena insisten en manifestar todo su apoyo al vecindario y a los profesionales sanitarios, a la vez que exigen una solución inmediata y estructural a esta situación que afrontan los vecinos y el personal sanitario de La Palma.
«La salud no puede depender de la buena voluntad de unos pocos ni de una gestión que brilla por su ausencia», hacen hincapié desde la asociación que busca defender la Sanidad Pública en la comarca.
«Además, queremos recordar que nos encontramos a las puertas del verano, una época en la que cada año se repiten los mismos errores: falta de previsión y cierre de recursos por vacaciones mal planificadas, es imprescindible una planificación anticipada y responsable para que no se colapse aún más la ya frágil atención sanitaria», añaden ante la inminente llegada de la temporada estival.
Por último, concluyen haciendo «un llamado al gobierno municipal para que no mire hacia otro lado y asuma su parte de responsabilidad. La ciudadanía merece respuestas, compromiso y acción, no excusas».
Inversión municipal
Si bien cabe recordar que el pasado año 2024 la concejalía de Sanidad dirigida por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, realizó obras de reforma y adecuación de varios los consultorios debido al incremento de personal y mejora de las instalaciones. En concreto en La Palma se ha construido una nueva consulta que servirá como quirófano a las cirugías menores.
La Junta por la Defensa de la Sanidad Pública de la Comarca de Cartagena, integrada por vecinos, organizaciones sociales y sindicales, nace con la «profunda preocupación por el progresivo deterioro del Área II de Salud». Se crea con el objetivo, la responsabilidad, el compromiso y la convicción de que la sanidad pública es un derecho, no un privilegio y que la ciudadanía de Cartagena merece una sanidad pública fuerte, cercana y plenamente operativa.
Algunas de las decisiones que a su juicio han perjudicado la sanidad pública en la comarca y que «agravan el problema, como el cierre de plantas en el Hospital del Rosell, incumpliendo sistemáticamente la Ley del Rosell, lejos de reforzar el sistema, la respuesta de la administración ha sido continuar con los recortes».
Exigen una inversión urgente en recursos humanos y materiales, el cumplimiento íntegro de la Ley del Rosell, el funcionamiento pleno de los dos hospitales de la ciudad y una gestión transparente y comprometida con la mejora real del sistema público de salud.
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